Desvelamos la estrategia popular contra los informes sobre corrupción (II)

Dentro de esa estrategia de denuncia pública de los 'errores' policiales, el PP ha preparado un segundo documento sobre las "siete falsedades contenidas en el informe de la UDEF de 6 de abril de 2009", elaborado por la Policía por el 'caso Salmón' contra el vicepresidente José Manuel Soria. A la luz de las dudas que la UDEF planteaba en su anterior informe de 2 de enero -que veíamos en el capítulo anterior-, la juez del caso volvió a requerir el 14 de enero de 2009 a la Brigada de Policía Judicial un nuevo informe para "verificar la validez y realidad de la información contenida en la documentación aportada por Soria", así como "las circunstancias que derivasen de tal estudio relevantes para esclarecer los hechos".

         El nuevo informe de la UDEF remitido a la juez "vuelve con falsedades, insidias e insinuaciones que no se ocupa de las cosas que le requiere la instructora, sino que se elabora con la clara finalidad de seguir demorando la instrucción y alargar así la condena preventiva que desde un principio persiguió la policía", dice el documento interno del PP. Y añade que ese informe policial "se elaboró con ignorancia, con malicia, con ambas cosas a la vez o por órdenes de la superioridad".

"Torcer la realidad"

  El PP ataca a la Policía señalando que la intención del autor del informe en cuestión "fue torcer la realidad y manipularla con el fin de visualizar que José Manuel Soria recibió un trato de favor, que se ahorró dinero al aprovecharse de unos precios especiales, ocupando un apartamento que solo él podía ocupar".

    En contra de lo que el informe de la UDEF dice en la pagina 1.535, que "disponen un documento, numerado como el numero 14, que es una copia del recibo o ticket de abono vía tarjeta de crédito de la caja insular por importe de 1088,60 euros firmada por José Manuel Soria cuya fecha y demás datos resultan ilegibles", la policía no dice verdad, según el PP, porque Soria "no tiene, ni tenía, ni nunca ha tenido una tarjeta de crédito de la caja insular", pero, además, Soria " no entregó a la instructora ningún documento que indicara que había hecho pago alguno con esa supuesta tarjeta de la Caja Insular".

     En definitiva, que la UDEF "quiso confundir a la instructora" poniendo en el informe policial que la entidad bancaria (la Caja Insular) que cobró el abono que Soria hizo con su tarjeta visa del Banco Sabadell, era la entidad bancaria en la que estaba domiciliada la tarjeta de Soria, "sabiendo la UDEF de antemano que en realidad no era así".

    En la pagina 1.537, en el apartado VIII, vuelven a atribuir a Soria otro pago con una tarjeta de crédito de la entidad Caja de Ahorros de Canarias cuyo titular es Soria por un importe de 4233,03 euros. Pero, según el documento interno del PP, Soria "no dispone de ninguna tarjeta de crédito en la Caja de Ahorros". Es decir, que "si en la investigación policial hubiesen estado mínimamente interesados en conocer la verdad, habrían ido al Banco Sabadell para comprobar que ese cargo no se corresponde con ninguna tarjeta de crédito de la Caja de Ahorros, sino que es una tarjeta visa que está domiciliada en la cuenta de Soria en el citado Banco Sabadell".

Las conclusiones del PP

Como colofón del documento interno sobre el 'caso Soria', el PP concluye que la UDEF realizó dos informes policiales "con claras insidias, falsedades e insinuaciones que estaban claramente encaminadas a alargar sine die la instrucción policial, como lo prueba el hecho de que en cada uno de tales informes solicitaban a la instructora que siguiera investigando".

    Dice el PP que muchas de las "afirmaciones falsas" contenidas en tales informes dieron lugar a titulares en las primeras páginas de los periódicos más relevantes de las islas, en los que, recogiendo el contenido de los citados informes, se cuestionaba que Soria pagara o no sus estancias vacacionales en Andi.

    Así las cosas, el PP tira contra la UDEF y concluye con que o el policía que elaboró los informes "pecó de ignorancia", o "actuó de mala fe" o, más bien, "actuó siguiendo instrucciones de la superioridad, lo cual es lo más probable conociéndose las evidentes afinidades y relaciones políticas de la jefa superior con el PSOE y más en concreto con la delegada del Gobierno (comparten juntas fiestas populares como las del Carnaval de Las Palmas de GC o la bajada de la Virgen de los Reyes en el Hierro, entre otras)".


- Vea también:

• Desvelamos la estrategia del PP contra los informes de la Policía (I)