Se presentarán las pruebas que el decreto fue legal, Gómez Mont

El gobierno de la República pretende consolidar las vías pacíficas para la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, afirmó el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. En conferencia de prensa el funcionario federal adelantó que presentarán, ante las instancias jurídicas correspondientes, todos los argumentos para demostrar que el proceso fue escrupulosamente legal.

Acompañado por el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Miguel Alessio Robles, el funcionario federal argumentó que se cumplieron todos los requisitos que contempla la Ley Federal de las Entidades Paraestatales para la declaración de extinción de LyFC.

Luego de reiterar que el gobierno federal mantendrá comunicación de manera permanente para atender a los trabajadores, así como para verificar el respeto a sus derechos laborales.

Al preguntarle si el gobierno federal tiene detectada alguna dependencia que opere como LyFC, con deficiencias, el funcionario sólo respondió que el gobierno "constantemente trabaja sobre la productividad y la eficiencia de los organismos productivos del sector público.

En LyFC lo intentamos durante mucho tiempo, el propio sindicato era corresponsable de la gestión, la capacidad de modernizar a LyFC estuvo impedida y obstaculizada por el propio ritmo y falta de productividad.

El análisis que hemos presentado es de una comparación entre una empresa pública y otra, no es un análisis distinto. Los resultados son totalmente diferentes".

El gobierno federal sostendrá su política de tarifas públicas en el suministro de energía, pero al insistirle si se garantiza el no aumento de las tarifas eléctricas, respondió que lo que se busca es que la operación pueda ser financiada "a través del pago de los usuarios como sucede en todo el resto del país".

Aseguró el secretario de Gobernación que el gobierno "sostiene y sostendrá la legalidad de la medida", y sobre la determinación de algunos trabajadores de tramitar amparos en contra del acto jurídico que ocasionó la desaparición de su fuente de trabajo, Gómez Mont señaló que determinar la procedencia le corresponderá a los jueces federales.

El secretario de Gobernación indicó que, de acuerdo a la información recabada, no tienen elementos que indiquen posibles sabotajes; por el contrario, se han reportado problemas a los que calificó de "cotidianos".

"Esperemos que todas las partes se conduzcan por la vía de la legalidad, pacífica y seria, conducirse unos y otros con decoro y con respeto".

Gómez Mont reiteró el señalamiento de que LyFC era una compañía deficiente y en su gestión era corresponsable el sindicato.