Resulta fácil echarle la culpa solamente a José Montilla del lío mayúsculo que se está organizando con la presumiblemente inminente sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut. Pero no es, desde luego, el president de la Generalitat el único culpable de un episodio político intolerable, que está poniendo en solfa la Constitución y a su máximo intérprete, el Tribunal Constitucional. Es más: todos son, somos, algo culpables de un asunto que nos ha desbordado y que amenaza con provocar una seria quiebra en el sistema autonómico previsto en nuestra ley fundamental.
Claro que no intento exculpar a Montilla: ahora mismo, el molt honorable president es una bomba de relojería. Actúa por libre, en total falta de sintonía con La Moncloa y con la sede socialista de Ferraz, pero también con algunas capas del propio PSC. Solamente parece preocuparle la inminente campaña electoral, porque está decidido a mantenerse en el cargo cueste lo que cueste. No son, por tanto, elogios precisamente lo que Montilla merece ahora, pienso. Es más: puede quedarse tan descolgado que desde el PSOE, donde parecen estar bastante enfadados con su rama catalana, podrían tratar de forzar que no sea él el candidato en las autonómicas del año próximo, y no falta incluso quien aventure que, ante esta tesitura, Montilla podría estar tentado de adelantar esas elecciones.
Pero, una vez dedicado este párrafo a quien debería hacer Estado en lugar de contribuir a romperlo con todo tipo de amenazas y cesiones a sus socios del tripartito, debo reiterar que todos han sido culpables del desaguisado: desde un Zapatero empeñado en sacar adelante, porque así lo quería Maragall, un nuevo Estatut perfectamente innecesario, hasta un Artur Mas (y sus socios de Unió) que aprovecha la ocasión para tensionar al máximo la cuerda que une Cataluña al resto de España. Pasando, claro, por Esquerra Republicana, que, ustedes lo recordarán, viró desde su oposición radical al actual Estatut a la actual defensa a ultranza del mismo, en un intento de debilitar la cohesión del Estado.
Luego están las culpas del propio Tribunal Constitucional, que lleva ya tres años, en medio de tensiones internas sin parangón y sin justificación, retrasando una sentencia sobre el Estatut que debería haberse producido hace ya mucho: los magistrados, con la presidenta al frente, han sido ‘sensibles’ a todo tipo de presiones políticas (no en vano deben sus puestos a los dedos de los partidos) y han permitido este deterioro irreversible del máximo órgano judicial en España. Y, con sus recusaciones ‘políticas’ y oportunistas contra unos u otros magistrados, cierto es que tanto el PSOE como el PP han contribuído seriamente a este deterioro.
La miopía general, con no pocos tintes de cobardía, de políticos y medios, que no han insistido en la necesidad de introducir cambios en la Constitución, y concretamente en un Título VIII (dedicado a las autonomías) claramente desfasado ya treinta y un años después de la aprobación de la carta magna, tiene igualmente que ver con lo que está pasando.
Y lo que está pasando es, ni más ni menos, que se está revelando que el texto constitucional se queda estrecho ante la realidad que palpamos, que el estado de las autonomías corre peligro de fractura ante el vuelo alicorto de nuestros representantes políticos, en general, y que el oportunismo de alguno hace pensar en un tensionamiento máximo en un debate tan importante como el ser de Cataluña. Un debate que quizá convenga abordar cuanto antes con seriedad, con altitud de miras, con valentía y pensando, antes que en nada, en España. Que es en lo que da a veces la impresión de que nadie piensa en este país, llamado, precisamente, España.
Si (
No(
