Ex Presidente Alfrado Palacio con pedido de orden de prisión

El diputado ecuatoriano Luis Almeida, de la Comisión de Fiscalización del Congreso, solicitó a la justicia de su país que ordene la prisión del ex presidente Alfredo Palacio, al que acusó de malversar fondos públicos.

Almeida, que pertenece al Partido Sociedad Patriótica (PSP), solicitó al fiscal general, Jorge German, que emita una acusación contra Palacio, para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordene la prisión del ex gobernante.

El legislador acusó a Palacio de haber malversado fondos y falsificado instrumentos públicos al contratar a la empresa Algalite para la reventa de servicios de la telefónica estatal Andinatel.

Según Almeida, esa operación habría causado un perjuicio al Estado por valor de 125 millones de dólares anuales, pues el contrato se habría suscrito con un descuento del 70 por ciento.

Además de Palacio, Almeida acusó de los mismos delitos a Juan Esteban Arellano, que entonces dirigía Andinatel, así como a los ex asesores presidenciales Roosvelt Chica y Juan José Vivas.

El legislador atribuyó al caso que denuncia el hecho de que Vivas no pudiera ingresar este martes a Estados Unidos, pues las autoridades de ese país le revocaron el visado.

Almeida aseguró que "el Gobierno de Estados Unidos, en su combate contra la corrupción, deportó a Juan José Vivas Wagner para que la justicia ecuatoriana establezca las responsabilidades penales contra el ex funcionario, quien ocupaba el cargo de secretario particular de la Administración Pública, en el gobierno de Alfredo Palacio".

Pese a que las autoridades han aclarado que el caso de Vivas no es de "deportación", Almeida insistió en ello y dijo que, "lamentablemente, la fiscalización ecuatoriana no cumple y más bien un gobierno extranjero se da cuenta de las inmoralidades cometidas por esta persona, por ello le expulsó de su territorio".

"Esta es una lección para los ecuatorianos, para que se imponga justicia en actos de corrupción", agregó Almeida, luego de solicitar a la Fiscalía que actúe con agilidad para impedir, según dijo, un perjuicio a la telefónica estatal, por 875 millones de dólares en los 7 años de vigencia del contrato firmado con Algalite.

Almeida explicó que, según el contrato, todos los servicios que otorgaba Andinatel se entregaron a Algalite con un descuento del 70 por ciento, por orden de Palacio, lo que calificó como "el más grande negociado" en ese gobierno. EFE