Los recientes sucesos protagonizados por neonazis durante el partido de fútbol Austria-Athletic de Bilbao no solo han sido un escándalo para el deporte y la convivencia por el desafío, provocación, alteración y agresiones cometidas hacia los seguidores vascos, sino sobre todo, ha evidenciado la existencia de una organización internacional y el acuerdo expreso de acción colectiva de los grupos ultras neonazis demostrado por sus miembros italianos, austriacos y españoles, entre otros, que en Viena celebraban una convención.
La permisividad “de facto” que gozan grupos neonazis resulta incomprensible, especialmente en el fútbol. En España la situación comenzó a cambiar el pasado julio, tras sentencia condenatoria por “asociación ilícita” a los quince integrantes de la sección española de “Hammerskin”, poniendo fin a .png)
un período de impunidad de hecho que han disfrutado organizaciones visibles en los campos de futbol y en internet. Sin embargo, hay que subrayar que la aplicación rigurosa de la Ley contra la violencia, el racismo y la intolerancia en el deporte no se está produciendo como muestra la presencia neonazi en las gradas ultras de los campos de fútbol durante toda la temporada.
No obstante el principal ámbito de impunidad sigue siendo Internet, con cientos de webs xenófobas y neofascistas, con unos foros canallescos y con grupos configurados en torno a las redes sociales objetivamente delictivos. Desde la red se coordinan, adoctrinan, amenazan, practican acoso, es ciberodio sin fronteras donde promueven discriminación y violencia, convirtiendo en papel mojado la norma penal. La difusión de sus actos, manifestaciones, de música racista y proclamas hitlerianas, tiene en la red un espacio sin límites, que ellos agradecen jactándose abiertamente del “torpe sistema democrático” (sic).
Pero la realidad está plagada de claro-oscuros y tiene su contrapunto en algunas sentencias judiciales y decisiones, como la creación de las Fiscalías especiales para delitos de odio, que trasladan cierta esperanza frente a la impunidad neonazi. En el caso del asesinato de Carlos Palomino la sentencia mostró, por primera vez en la historia judicial madrileña, la aplicación del agravante por motivos ideológicos, avanzando en España el reconocimiento de los delitos de odio. En los últimos meses, otras sentencias respecto de agresiones muy graves o sobre aparatos de propaganda neonazi, han seguido esta línea, confirmado que la acción judicial debe jugar un papel central en defensa de los colectivos vulnerables, como los inmigrantes, y de la convivencia democrática.
El impacto pedagógico frente a la impunidad de esta sentencia que condenaba a 26 años de prisión al asesino de Carlos Palomino, negó a quienes trivializaron el crimen y fue congruente con la interpretación ciudadana que pudo ver en video la muerte de este menor, tras una sorpresiva puñalada al corazón, observando como la ideología ultra de Josué Estébanez se mostraba en su estética skin y el saludo nazi de las SS realizado en el vagón. Ni hubo legítima defensa, ni tampoco miedo insuperable, ni estado de necesidad, tampoco fue un delito común, el motivo fue el odio por ideología de un neonazi hacia un joven antifascista.
En este ejercicio de justicia, la presencia de organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos, como Movimiento contra la Intolerancia, personadas en la ACCION POPULAR es imprescindible. El uso de este derecho constitucional en defensa de las víctimas del odio, sean inmigrantes, homosexuales, antifascistas u otros colectivos perseguidos por el nazismo, se añade la defensa de los valores que responden al interés de la sociedad democrática.
Hace meses Naciones Unidas pedía acciones firmes frente a la lacerante intolerancia y establecía que “los Estados deben castigar las actividades violentas, racistas y xenófobas de grupos que se basan en ideologías neonazis, neofascistas y otras ideologías nacionalistas violentas”. Poco antes, la Unión Europea aprobaba la Directiva Marco de Derecho Penal, obligando a los Estados a sancionar penalmente la incitación al odio, violencia y discriminación por motivos raciales, xenófobos, antisemitas y de intolerancia cultural o religiosa.
La aplicación de la legalidad democrática y del Código Penal para luchar contra el neofascismo es la esperanza para personas que son víctimas por el solo motivo de tener un color de piel oscura, un acento extranjero, una orientación sexual diferente, por su religión o ideas democráticas. Todos juntos, en democracia, podemos.
Esteban Ibarra
Presidente de Movimiento contra la Intolerancia
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