Franco Gamboa Rocabado
¿Qué diablos finalmente es la democracia?
07-12-2009 Los debates contemporáneos en torno a la calidad de la democracia, están reavivando la necesidad de reevaluar la literatura politológica para comprender los verdaderos alcances y raíces institucionales de las democracias en América Latina del siglo XXI; es por esto que el concepto mismo de democracia se encuentra en mutación y permanente adaptación a las dinámicas socio-históricas y al contexto internacional.
La persistencia de patrones autoritarios en la cultura política, así como el serio cuestionamiento a las relaciones entre economía de mercado y consolidación de la democracia representativa, exigen reconsiderar con profundidad la mutua determinación entre democracia, capacidades estatales, políticas públicas eficaces para enfrentar especialmente la pobreza y la desigualdad, y apertura al reconocimiento de mayores alternativas de participación de la sociedad civil, por medio de mecanismos de democracia directa.
El llamado “giro a la izquierda” en diferentes sistemas políticos como Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, está mezclado con dudas sobre el futuro horizonte de la consolidación democrática debido a los intentos por modificar las constituciones para viabilizar la reelección de caudillos presidenciales como Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales. Por otro lado, el resurgimiento de golpes de Estado como el sucedido en Honduras (mayo de 2009), expresa que las crisis políticas tienden a degenerar en imposiciones violentas y la negación del diálogo democrático entre varios actores sociales, al margen de cualquier institucionalidad y legalidad.
Las fronteras entre autoritarismo y democracia son movibles porque fácilmente se puede pasar del un lado a otro, según la correlación de fuerzas y la habilidad de las élites políticas (de izquierda o derecha) para ejercer el poder. Pensar la democracia, vinculada solamente a un sistema de partidos competitivo y legítimo, hoy se desbarata al comprobarse que cualquier partido es capaz de ejercer el poder con inclinaciones absolutistas, reproduciendo estrategias clientelares y populistas.
Un enfoque neo-institucionalista sobre los cambios constitucionales o las modificaciones en la capacidad de las fuerzas partidarias para promover la gobernabilidad en los regímenes democráticos, es insuficiente para comprender los problemas de muchos países que – si bien no pueden apuntalarse según los parámetros teóricos occidentales – todavía intentan superar las inclinaciones del autoritarismo competitivo, relacionado con altos déficits de calidad democrática en la región. Estos déficits se expresan principalmente en la corrupción en el Poder Judicial de cualquier país latinoamericano, el permanente aumento en las tasas de crímenes violentos, la inseguridad ciudadana en las grandes metrópolis, la penetración del narcotráfico para financiar campañas electores, y en la definición de las grandes políticas, solamente a partir de un pequeño grupo de élites burocráticas.
La caracterización de algunos regímenes como democracias fallidas o incompletas también conduce a otro error, al no permitir un diagnóstico socio-histórico y multidisciplinario. En el caso de los sistemas de partidos hegemónicos, existe una confusión entre las diferentes formas de autoritarismo competitivo y la problemática de transición democrática, cuyas perspectivas se centran básicamente en el papel de las élites para recuperar gobernabilidad estatal y controlar las políticas económicas. Por lo tanto, es fundamental complementar aquellos abordajes, desde una mirada que incorpore las expectativas de los actores sociales y el fortalecimiento de la sociedad civil (devolverle poder) para tomar decisiones en las instituciones y expresarse respecto al curso de varias políticas públicas.
En la literatura sobre transición a la democracia aparecía con fuerza una “linealidad” que se movía entre el autoritarismo y la deseable consolidación democrática. Estas miradas fueron demasiado optimistas porque existían varios tipos de transición que impactaron de manera diferente en la calidad de la democracia, aspecto central en la discusión actual que fue obscurecido por las teorías de la gobernabilidad, al privilegiarse a los sistemas de partidos y a los procedimientos electorales.
Hoy día, la sociedad civil interpela directamente a las estructuras de gobierno y a las élites políticas, generando conflictos alrededor de los resultados poco claros que tiene cualquier régimen democrático para erradicar la pobreza. ¿Cuáles son los estándares mínimos de la democracia, y finalmente dónde descansa la soberanía política que legitima a un régimen político en el largo plazo?
La democracia consolidada, como la definen los politólogos Juan J. Linz y Alfred Stepan, es un tipo de régimen democrático más cercano a las definiciones derivadas de la poliarquía; es decir, llena de contradicciones e insuficiencias. En el fondo, los análisis sobre las orientaciones de la democracia en el futuro, constituyen una idealización inclinada hacia prescripciones normativas (el deber ser). Linz y Stepan hablan de la democracia consolidada como el “único (y el mejor) sistema de reglas de juego en la polis” (the only game in town), criterio por demás ingenuo. En toda sociedad, siempre habrá miles de reglas de juego, muchas de ellas no institucionalizadas, antidemocráticas y cruzadas con múltiples mecanismos culturales, tradiciones históricas y religiones; ni en Estados Unidos o Inglaterra la democracia es the only game in town.
Las herramientas metodológicas disponibles a la hora de abordar el tema de las transiciones tienen varias limitaciones en la ciencia política. Cuando se trata de estudiar momentos críticos, como rupturas institucionales o prácticas autoritarias dentro de algunos gobiernos democráticos, aparecen variables muy importantes de difícil medición para realizar explicaciones como las negociaciones secretas entre los grupos de poder económico y las élites políticas respecto al rumbo de determinadas decisiones, o las influencias internacionales de diferentes organizaciones que socavan la soberanía estatal, imponiendo reformas como la privatización de empresas públicas con un alto costo social.
Por otra parte, la teoría democrática se ha concentrado demasiado en los comportamientos políticos agregados, y cuando ingresa en el terreno de la subjetividad política, los valores y compromisos normativos, las discusiones se desvían hacia la toma de posiciones unilaterales sobre lo que uno “cree que es la democracia ideal”. Esto limita considerablemente el estudio de otras variables muy importantes en torno a dónde radica la legitimidad de los regímenes (sobre todo si seguimos comparando las dictaduras con las democracias).
La teoría y el concepto de democracia, también se ven limitados en su posibilidad de estudiar las raíces y razón de ser de los liderazgos políticos, fundamentales para entender la gestión pública que apunta hacia determinado rumbo en materia económica y políticas sociales, e inclusive para definir el tipo de Estado: liberal, benefactor o desarrollista.
La dificultad de realizar estudios sistemáticos sobre los valores democráticos y los líderes frente a la toma de decisiones en la política diaria, señala que las teorías de la transición y consolidación tienen capacidades explicativas débiles. Esto condujo a muchos autores al tratamiento de otros objetos de estudio como los mecanismos de democracia directa (consultas populares), simplemente en calidad de “variables peligrosas” que pondrían en riesgo a la democracia representativa. ¿Debemos descartar la movilización y las pugnas por una democracia directa al margen de los partidos políticos, por ser de difícil abordaje? Una vez más, la teoría busca convencer, afirmando que la democracia quedaría consolidada cuando se convierte en el único patrón dominante para la definición sobre la titularidad del poder y el respeto de las libertades en el largo plazo.
La idea de dos transiciones: primero democratización y luego consolidación, está presente también en los textos canónicos de la ciencia política y demanda otras reflexiones sobre los distintos resultados de cada transición por países en los últimos 25 años. La triste constatación en América Latina y Europa del Este, donde se observa que muy pocos lograron instaurar verdaderas democracias consolidadas, lleva a postular distintos resultados problemáticos que se resisten a una conceptualización clara. Algunos autores sugieren utilizar categorías inventadas como democraduras o dictablandas, que son juegos del lenguaje antes que interpretaciones con valor teórico.
Si bien los autoritarismos terminaron en América Latina, no está claro si nuestros países son completamente democráticos o vayan a serlo en el largo plazo; asimismo, las críticas de la sociedad civil y los movimientos indígenas para “desmonopolizar la democracia” de los partidos políticos, plantea implementar una serie de reformas políticas, así como una nueva comprensión sobre el concepto y las posibilidades de subsistencia real de un sistema democrático.
La legitimidad de la democracia está directamente relacionada con un índice de desarrollo participativo desde las bases, que al mismo tiempo se transforma en una serie de esfuerzos por ampliar la toma de decisiones y empoderar a otros actores que no sean exclusivamente los partidos políticos. Aún así, continúa la discusión sobre qué diablos finalmente es la democracia y si ésta es deseable para solucionar los problemas más significativos del siglo XXI y la globalización.
Franco Gamboa Rocabado, sociólogo político, Yale World Fellow, [email protected]
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