Aunque los jefes de la bancada gubernamental y de la oposición llegaron a un acuerdo al que calificaron de ético y político en torno a siete puntos conflictos del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, subsiste la preocupación por el contenido final de eser cuerpo jurídico, cuyo primer debate se inicia mañana en el Asamblea Nacional.
En efecto, entre los acuerdos consta la aceptación del Consejo de Comunicación, aunque no contaría con la facultad de clausurar medios de comunicación, ni suspenderlos, si bien podría suspender programas e imponer las otras sanciones contempladas en el proyecto original.
En primer lugar, se ha observado que un eventual veto del Ejecutivo en este aspecto tendría el efecto de restituir todas las facultades punitivas del Consejo. En segundo lugar, si bien el acuerdo deja al Consejo sin las desmesuradas facultades de clausurar medios o suspenderlos, mantiene las otras potestades sancionadoras. Es inaceptable una instancia que no sea la prevista en las leyes penales y civiles existentes para sancionar a los medios. El hacerlo por decisión administrativa y tener injerencia sobre los contenidos de la comunicación constituyen amenazas contra la libertad de expresión y de prensa. El control y la regulación con la coacción de eventuales sanciones ponen límites a la acción independiente de los medios de comunicación, los periodistas y ciudadanos que tienen derecho a buscar y difundir informaciones y opiniones.
Un organismo burocrático punitivo, aunque no se halle integrado por representantes del Ejecutivo, es una instancia fácilmente manipulable por los gobiernos de turno y constituye una constante amenaza contra la libertad de expresión y de prensa, que implican el que, como señala la Declaración de Chapultepec, "ningún medio de comunicación o periodistas puedan ser sancionados por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público".
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