El enfrentamiento entre el Gobierno y el Banco Central por el uso de las reservas monetarias del país para el pago de deudas movilizó a la oposición, que ya logró incluso un fallo judicial favorable.
El fallo de la jueza María José Sarmiento sostiene que debe ser el Parlamento en receso hasta el 1 de marzo próximoel que decida el uso de fondos del Banco Central, por lo que suspendió el decreto que la presidenta , Cristina Fernández, firmó a mediados de diciembre último para pagar deudas con reservas monetarias.
Este revés judicial para el Gobierno se conoció el mismo día en que se hizo efectivo el cese del presidente del Banco Central, Martín Redrado, a quien la presidenta Cristina Fernández destituyó mediante un decreto firmado por todos sus ministros por su negativa a cumplir con los mandatos del Gobierno para el uso de las reservas.
El conflicto abrió el debate sobre el grado de autonomía del Banco Central, además de variadas interpretaciones de leyes, reglamentos y la Constitución Nacional, algo habitual cada vez que hay tensiones políticas en Argentina, donde es común citar la frase "la mitad de la biblioteca a favor y el resto en contra" cada vez que estalla una discusión, cualquiera sea el motivo.
En este caso se discute la validez de decretos presidenciales en momentos en que el Parlamento está en receso desde fines de noviembre y hasta el 1 marzo próximo, a menos que el Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias, cosa que no ha hecho ni ha dado señales de querer hacer.
La oposición afirma que el Gobierno quiere echar mano a las reservas monetarias (48.100 millones de dólares) para solventar un aumento del gasto público con vistas al "año electoral" de 2011, cuando vence el mandato presidencial de Fernández.
En la trastienda, opositores y economistas aducen que el uso de reservas para pagar deudas puede reavivar los intentos de acreedores de bonos en mora, entre ellos fondos de inversión especulativa, por embargar fondos del Banco Central, como ya lo han intentado sin éxito.
Además se ha reavivado la antigua polémica sobre la "legitimidad" de la deuda exterior contraída por Argentina durante la última dictadura militar (1976-1983), puesta en duda por un juez federal que en 2000 se desmarcó del asunto y lo puso a consideración del Parlamento, que desde entonces no se ha pronunciado.
Los dirigentes de la oposición, ya sea de vacaciones o en vigilia en Buenos Aires, prevén reunirse la semana próxima en la capital en busca de forzar una sesión para que el Parlamento se pronuncie sobre el asunto.
Redrado, que ya ha anunciado su intención de recurrir a la justicia para que anule su destitución, dijo que se ha "jugado entero" en defensa de "los ahorros de los argentinos" y del "valor de la moneda".
Desde el gobierno han recordado que Redrado estaba al frente del Banco Central cuando Argentina usó unos 9.500 millones de dólares de sus reservas para cancelar toda su deuda con el Fondo Monetario Internacional, en enero de 2006, cuando el presidente era Kirchner.
"Voy a demandar penalmente a la presidenta y sus ministros por querer tomar fondos del Banco Central para pagar una deuda que en parte es ilegítima", ha dicho el diputado y cineasta Fernando "Pino" Solanas, líder de una fuerza de centroizquierda.
Solanas parece ser el único dirigente que recuerda que el Parlamento sigue sin pronunciarse sobre el fallo que en 2000 puso a su consideración el juez Jorge Ballestero luego de dictaminar que la deuda contraída por la dictadura militar era "contraria a los intereses" del país.
Por su parte el diputado Federico Pinedo, de PROaseguró que "se han respetado" las potestades del Parlamento para entender en materia de política monetaria y sobre el pago de deudas soberanas.
Redrado ratificó que no está dispuesto a renunciar como le pidió el miércoles el Gobierno de Fernández, quien al día siguiente lo cesó por medio de un decreto firmado además por todos los ministros que desató una áspera polémica con la oposición.
"Las reservas (del Banco Central) son de todos los argentinos y si hay que darles algún destino alternativo al respaldo de la moneda corresponde que el tema pase por el Congreso", afirmó Redrado.
"Yo no provoqué esta situación", remarcó al confirmar que apelará a la justicia el decreto presidencial que lo destituyó este jueves y entró en vigor hoy, por lo que el Banco Central quedó en manos de su vicepresidente, Miguel Ángel Pesce, un economista afín al gobierno.
En sintonía con la oposición política, Redrado se ha negado a aplicar el decreto por el que Fernández dispuso la creación de un fondo en el Banco Central con reservas monetarias por 6.569 millones de dólares para pagar vencimientos de la deuda soberana este año.
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