Congresista es denunciada constitucionalmente por estafa

El caso se destapó el domingo por la noche, cuando el programa periodístico Cuarto Poder presentó en un reportaje el caso. La investigación comprobó que Jacqueline Simon Vicente era en realidad la empleada doméstica de Canchaya y no su asesora, cómo figuraba en un contrato. Además tenía un sueldo de 4 mil 600 soles mensuales (1.500 dólares), pese a que no reunía los requisitos legales para el cargo.

La congresista se defendió afirmando que la joven era de su confianza y que tenía una experiencia de tres años para que pueda desempeñar el cargo, pero Simon en realidad estudia la carrera de Técnica en Enfermería y no acude al Congreso a cumplir con su supuesto trabajo. Es una “patraña periodística”, llegó a decir la 'madre de la Patria'.

"(Elsa Canchaya) ha sorprendido al Congreso. Es una situación dolorosa, pero tengo que canalizar la denuncia", dijo el lunes la presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas, en una conferencia de prensa en compañía del oficial mayor, del procurador y del gerente de Recursos Humanos del Legislativo.

DENUNCIA CONSTITUCIONAL
Anoche se escribió un nuevo capítulo de esta historia. El Congreso de la República presentó este martes un denuncia constitucional contra la parlamentaria por los presuntos delitos contra la administración pública, falsedad genérica, contra la fe pública y estafa. El pedido también estipula que Simón Vicente deberá devolver un monto de 21 mil 128 soles que percibió como salario y otros beneficios durante su permanencia en el Congreso.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por el legislador Víctor Mayorga, adelantó que se reunirán el próximo 7 de mayo para informar si aprueba o no iniciar el proceso. En esta instancia, la parlamentaria huancaína podría ser inhabilitada hasta por 10 años en el ejercicio de la función pública. Además, sería procesada penalmente.

Por su parte, Jacqueline Simon Vicente, la supuesta asesora, fue denunciada penalmente ante la fiscalía por la Procuraduría del Congreso por los presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de afectación en el cargo público, contra la fe pública, falsedad genérica y el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa.

La Comisión Política del PPC, al cual pertenece Canchaya, acordó por unanimidad suspender la militancia de la congresista.