El Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene previsto aprobar, entre las 100 leyes de aplicación de la Constitución Política del Estado, la Ley de Comunicación e Información que prevé la eliminación del secreto de fuente, aunque ratifica la existencia de los tribunales de imprenta.
El anuncio del Jefe de Estado fue asumido por los gremios de periodistas y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) con cautela. Morales hizo el anuncio ayer en una conferencia de prensa en el Palacio Quemado. “Por una dignidad de los periodistas hay que empezar a corregir y normar, y que todos nos basemos en la norma. Por ejemplo, una vez se dijo que yo me había desmayado en la Residencia, qué desmayo, no conozco y que dice (el medio): ‘Gente muy cercana al Presidente informó que me desmayé’. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de periodistas o medios de comunicación tenemos (…) quiero saber si son gente cercana a Evo, quiero saber quién es el funcionario que miente, tampoco dan información. Puedo pensar que es mentira, inventada por el medio de comunicación o por el periodista”.
El adelanto del Mandatario es el corolario de una relación accidentada entre Morales y los periodistas desde su primera gestión, cuando decidió incluso prescindir de los periodistas paceños para dar sus conferencias de prensa con el argumento de que se sentía humillado y ofendido con las preguntas.
El anuncio coincide con el proyecto oficialista de aprobar una Ley de Comunicación e Información, que según uno de sus proyectistas, quien pidió guardar su nombre en reserva, “respeta la libertad de expresión, el Tribunal de Imprenta, ajusta la autorregulación, incluye a la televisión y la radio, y elimina las fuentes en off” y, por tanto, el guardar en secreto la fuente de información.
El secreto de fuente es un principio protegido por la Ley de Imprenta que data de 1925, por el que el periodista está obligado a no revelar su fuente si éste pide no ser identificado en una nota. Modificar este precepto modifica la norma.
El Pacto de San José de Costa Rica también prevé la reserva de la fuente en informaciones consideradas como delicadas.
El funcionario dijo que el objetivo del Gobierno es consensuar la norma con los gremios periodísticos y podría estar lista hasta fines de este año y antes de ser enviada a la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el MAS tiene mayoría, será revisado por el presidente Morales.
El Jefe de Estado también dijo que los trabajadores de la prensa “hacen escándalo en base a mentiras”, y expresó su deseo de que los periodistas se conviertan en otro control social de su Gobierno, pero con argumentos, aunque planteó que éstos se sumen a la iniciativa de su Gobierno de defender los derechos de la “madre tierra” y “ojalá entren a esta tarea de lucha contra el capitalismo”.
De esa forma se refirió Morales al futuro de la relación entre el periodismo y su Gobierno. Poco antes, en la conferencia de prensa que ofreció al entregar su despacho el ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, anunció que prepara un proyecto de ley para sancionar la calumnia y la difamación en los medios de comunicación. Se declaró a sí mismo como una víctima de la prensa y aseguró que recibió ataques a su gestión porque no quiso negociar ni pagar a “algunos” directores de medios de comunicación para “no recibir ataques”.
El ex ministro Juan Ramón Quintana, durante el acto de entrega de su despacho a su sucesor Óscar Coca, se quejó de la labor de “algunos” medios que supuestamente lo difamaron con la intención de desprestigiarlo, en referencia al caso de 33 camiones de contrabando que se destapó el año 2009 en el departamento de Pando y en el que supuestamente tuvo participación.
El Presidente dijo que los periodistas deben ser como el control social.
Trabajan en un proyecto de ley
Ante el anuncio del presidente Evo Morales de normar la actividad periodística para evitar las mentiras, la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia comenzó a redactar un proyecto de ley que podría reemplazar a la Ley de Imprenta que data de 1925.
La información fue difundida ayer por el secretario ejecutivo de esa organización Pablo Zenteno. “En la medida que todas las normas aprobadas con anteriores constituciones están sujetas a revisión, nosotros tomamos la decisión de redactar un anteproyecto para consensuarlo con los asambleístas”.
El dirigente dijo que el objetivo es que la norma tenga consenso de partes y que no sea una imposición gubernamental porque eso podría traer fricciones con los medios, pues la misma Constitución en su artículo 107 reconoce el fuero especial de los medios y el dercho a autoregularse.
Las organizaciones a la expectativa
Las instituciones colegiadas y organizaciones sindicales de la prensa afirmaron que no permitirán que ninguna norma que el Gobierno del presidente Evo Morales pretenda aprobar para regular el trabajo de los medios de comunicación, afecte o vulnere la libertad de expresión ni que se anule la Ley de Imprenta.
El presidente Evo Morales, ayer en conferencia de prensa, luego de afirmar que existen medios que “mienten” en la difusión de la información, anunció la aprobación de una ley que normará la actividad del gremio periodístico.
El titular de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Ronald Grebe, dijo que ante todo se exigirá el respeto a la Ley de Imprenta que está vigente desde 1825 y que existe la intención del Gobierno de aprobar una norma sobre los medios de comunicación ésta tiene que se elaborada con la participación de todas las entidades vinculada a la actividad de la prensa y en la medida que esta “sea una buena ley” no habrá problemas.
“La nueva Constitución en sus artículos 106 y 107 habla de todos los derechos y obligaciones que tienen los medios, habla de la autoregulación que tambien plantea junto a una ley, ahora lo que esperamos es que la discusión del proyecto de ley pueda ser con la partipación de todas la organizaciones que tienen que ver con los medios de comunciación, propietarios, periodistas y organizaciones sindicales para que no sea una imposición del Poder Ejecutivo o del Legislativo”.
El director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan Javier Zeballos, coincidio con Grebe y afirmó que cualquier norma relacionada a los medios de comjunicación, ante todo debe respetar la libertad de expresión. Según dijo, debe ajustarse a normas supranacionales como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Interamericana de Derechos Humanos y Declaración de Principios de la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Zeballos remarcó que existen los tribunales de ética a donde aquellas personas que se sientan afectadas por la difusión de una información pueden recurrir; asimismo rechazó la posibilidad de eliminar el secreto de la fuente de información quebuscaría el Gobierno.
El secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Pablo Zenteno, afirmó que la defensa a la libertad de expresión se la hará en todo momento y “no vamos a aceptar imposturas” porque Bolivia es un país soberano y que se exigirá el respeto a la Ley de Imprenta.
No obstante, reconoció que es necesario la modernización de esta norma para incluir temas relacionados con la radio, la televisión, el internet y el intranet y que para ello se trabaja un proyecto de ley que busca actualizar la Ley de Imprenta pero a la vez preservarla porque es un patrimonio de los periodistas.
Opinión
“Se cumple nomás la intención del Gobierno de querer anular la Ley de Imprenta. Han habido muchísimos antecedentes e intentos de dejar de lado la Ley de Imprenta y han fallado, pero al parecer el Gobierno ahora con el control absoluto que tiene en la Asamblea Legislativa Plurinacional parece que va a llevar adelante su objetivo de dejar de lado la Ley de Imprenta y llevar al ámbito del Código Penal los llamados delitos de imprenta. No hay otra explicación, porque no creemos que el decir una verdad o decir una información o el hacer conocer un hecho constituya un acto de difamación cuando la prensa tiene, fundamentalmente, esa tarea de fiscalizar los actos de los funcionarios publicos. Es un acto que se veía venir de dejar de lado la Ley de Imprenta porque no es el primer intento de migrar los delitos de imprenta al Código Penal para acallar la libertad de prensa, coartar la libertad de expresión; lo que no se quiere es que los medios cumplan su función de controlar y fiscalizar los actos del Gobierno”.
Marco Antonio Goitia / Experto en Deontología
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