El Gobierno de Ecuador pedirá al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que revise y rectifique su último informe, que aborda el riesgo financiero del país y que, según el procurador del Estado, Diego García, ha causado malestar en el país e interpretaciones imprecisas de los medios.
García señaló a periodistas que pedirá al GAFI " la revisión de este pronunciamiento" e indicó que "Ecuador no ha sido declarado como un país que sea favorable al lavado de activos o al financiamiento del terrorismo", como han advertido algunos medios de información, al tiempo que aseguró que "no existe ninguna lista negra" del GAFI.
Según la prensa local, el grupo, que lucha contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo, colocó el pasado jueves a Irán, Angola, Corea del Norte, Ecuador y a Etiopía en una lista negra, al decir que representan riesgos para el sistema financiero internacional.
"Todos estos fueron calificativos que se originaron en noticias de las agencias de prensa internacionales", añadió el procurador ecuatoriano, quien dijo que esas afirmaciones pueden dañar la imagen del país y, además, no se sustenta en la realidad de Ecuador.
Al pronunciamiento de García se sumaron también los titulares de otros organismos de la función judicial, que coincidieron en rechazar el informe del GAFI.
El GAFI señaló el pasado viernes en un comunicado que Ecuador muestra "deficiencias estratégicas" y falta de compromiso político en la represión del lavado de dinero y de las operaciones financieras de grupos terroristas.
Ese día, el grupo intergubernamental, creado en 1989, recomendó a Ecuador "establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar y congelar los activos de los terroristas" y "para la confiscación de fondos relacionados con el lavado de dinero".
En respuesta, mediante una resolución conjunta, la Corte Nacional de Justicia, la Constitucional, la Contraloría General del Estado, la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Bancos y Seguros, la de Compañías y la de Telecomunicaciones rechazaron el informe.
En el documento, esas instituciones aseguran que Ecuador dispone de instituciones que actúan "coordinada y sistemáticamente" por la transparencia y control de todas las actividades de interés público consagradas en la Constitución del país.
"Ecuador no tolera ninguna de las formas de crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos, financiación al terrorismo, tanto en su legislación interna como en las acciones que desarrolla para prevenir la comisión de los delitos antes mencionados", precisa el documento.
Además, exhortaron a que el manejo de la información relacionada con el "injustificado pronunciamiento del GAFI" refleje en forma rigurosa el alcance de las recomendaciones de los organismos internacionales, con el objetivo de proteger los intereses del país.
De su lado, el presidente de la Asociación de Bancos Privados de Ecuador (ABPE), César Robalino, alertó de las consecuencias para el país por el informe del Grupo de Acción Financiera Internacional.
"Es un asunto de mucha gravedad, por las implicaciones que esto tiene en el mundo", afirmó Robalino tras advertir de que "la banca internacional puede restringir los servicios de corresponsalías y eso no es bueno para Ecuador".
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, por su parte, calificó el pasado sábado como una "barbaridad" el informe del GAFI y dijo intuir que éste se dio por la relación que Ecuador mantiene con Irán, lo que para él, molesta a grupos conservadores de países poderosos.
"Vamos a llevar nuestra más enérgica protesta al Grupo de Río e iniciativas importantes" como hacer un propio grupo de control de lucha contra el narcotráfico, lavado de activos y financiación del terrorismo, "sin depender del tutelaje de potencias de fuera de la región", indicó Correa.
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