España aprobó la extradición del represor Jorge Alberto Sosa

Sosa, de 73 años y con doble nacionalidad argentina-española, fue detenido por orden del Juzgado Federal de Neuquén a través de INTERPOL el 8 de julio de 2009 en la localidad de Onteniente, Valencia, donde residía con su familia desde 1992.

Tras su detención, la Audiencia Nacional de España dictó orden de prisión provisional, pero desde el 15 de octubre de 2009 el represor se encuentra en libertad al haber depositado una fianza.

El Consejo de Ministros español acordó continuar el procedimiento de extradición en vía judicial el 4 de septiembre y el 16 de diciembre de 2009 la Sección 3 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional accedió a la entrega, que se hará efectiva tras la última decisión adoptada este viernes por el gobierno español.

Sosa está imputado por asociación ilícita, 18 delitos de detención ilegal cometidos por funcionario público, agravada por su duración mayor de quince días, y 17 delitos de torturas y otros delitos contra la integridad moral, en relación con un delito de lesiones cometidos durante el accionar represivo de la dictadura a partir de 1979.

Según el informe del Consejo de Ministros español, "los hechos que fundamentan la extradición y entrega sucedieron entre el 9 de septiembre de 1975 y el 3 de enero de 1977, cuando el reclamado era segundo jefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal Argentina".

Una de las víctimas es el docente Orlando "Nano" Balbo, quien fue detenido en el centro de Neuquén en la mañana del 24 de marzo de 1976 por un grupo de tareas encabezado por el ex agente de Inteligencia, Raúl Guglielminetti, quien está procesado con prisión preventiva en la misma causa junto a otros 29 represores.

Balbo fue torturado e interrogado en instalaciones de la delegación local de la Policía Federal en aquel entonces durante varios días y por la noche era trasladado a la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Federal de Neuquén.

Testimonios de otras víctimas acreditan el funcionamiento en esa delegación de la sala de torturas y el traslado de detenidos-desaparecidos en los primeros meses de 1976, hasta que se puso en marcha poco después el centro clandestino de detención "La Escuelita", en el batallón militar de Neuquén.

El expediente, que lleva adelante la justicia neuquina, comprende a 39 víctimas con 29 represores acusados de delitos de lesa humanidad.

La primera parte de la investigación fue a juicio oral el año pasado, instancia en la que fueron condenados ocho ex jefes militares y ex agentes de inteligencia del ejército por 17 víctimas, una de las cuales aún permanece detenida-desaparecida