"Sin financiación no nos aseguramos el futuro de la educación", señala María Ángeles García en la presentación del proyecto de ley ante periodistas y miembros de la comunidad educativa y de su departamento, reunidos en un salón de la Consejería.
García, que desea que el proyecto llegue antes de julio al Pleno de las Cortes y allí cuente con el apoyo del PP para su aprobación como ley, ha recordado los trámites seguidos en los dos años de elaboración del texto, que fue aprobado la semana pasada por el Consejo de Gobierno.
Entre los aspectos de la futura ley que ha destacado la consejera, además de la financiación, se encuentran también los derechos (a la gratuidad de libros y de transporte, entre otros), las medidas de apoyo al profesorado (compromiso de regulación de su autoridad, estabilidad de plantillas o licencias y permisos) y las obligaciones para con la escuela rural.
"Nos gustaría; lo deseamos; trabajaremos para ello", ha contestado la consejera, pausadamente, cuando la prensa le ha interrogado sobre si la oposición parlamentaria (el PP) votará a favor de la ley. García ha asegurado que está esperando que diputados del PP le den una fecha para reunirse.
En busca del acuerdo con el PP
No obstante, ha indicado que el PP conoce ya el actual texto, al igual que contó con el borrador en junio de 2009."La ley no quiere crear un sistema educativo propio", ha explicado la consejera, que ha añadido que trata sólo de "adaptar la LOE" -la ley educativa estatal (Ley Orgánica de Educación)-, pero incluyendo "las peculiaridades regionales".
Un aspecto en el que ha hecho hincapié García ha sido en el de que el objetivo de la calidad en la enseñanza ha de unirse al de la equidad: "Dar respuesta más adecuada al que más lo necesita en el momento que lo necesita".
Sobre la libre elección de centros, García ha asegurado que la ley garantizará este principio, siempre dentro de la programación, así como ha añadido, a contrario sensu, que si bien los alumnos podrán escoger centro, los centros no elegirán a sus alumnos.
La ley preconizará la autonomía de cada centro en su organización, una manera, según García, de reivindicar "su responsabilidad", porque más autonomía significa más responsabilidad. La ley muestra "un compromiso con la educación en valores democráticos y de ciudadanía responsable, así como con la cultura de la paz y la no violencia", ha expuesto la titular regional de Educación.
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