Embarrancados

   Desgraciadamente se confirman las peores impresiones. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se ha visto obligado a adoptar un paquete de decisiones de ajuste económico que determinan su futuro político, la propia suerte de la Legislatura y su misma duración. Hemos llegado hasta aquí por la concurrencia de errores propios, de los nuevos temores sobre un agravamiento de la crisis financiera, por las carencias de nuestro sistema fiscal, por el nefasto papel jugado por el B.C.E. (Banco Central Europeo) y por la actitud de nuestra banca privada. Simultáneamente, la intervención concertada de los grupos de especuladores que acuden “como una manada de lobos” contra el euro (Europa dixit), acabaron por definir una situación insostenible en la eurozona. Tampoco la actitud de Angela Merkel, condicionando las decisiones europeas a su calendario electoral interno, permitió contener las acometidas contra la moneda única frenando la crisis griega. No han sido los responsables políticos los que ordenado al mercado, sino que ha sido el mercado el que ha determinado las decisiones de los políticos.

   ¿No quedaba más remedio que hacer “lo que hay que hacer”? Cada vez que oigo esta justificación, o aquella otra que afirma que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, me echo a temblar. ¿Qué podemos aprender de lo ocurrido hasta hoy?

            1º. Por parte del Gobierno se cometió un grave error en el diagnóstico. El famoso debate desarrollado en torno a las elecciones de 2008, sobre si nos hallábamos ante una simple “desaceleración” o ante una “crisis”, implicó la pérdida de un tiempo precioso para preparar a la sociedad y a nuestra economía con el fin de hacer frente a la hecatombe que se nos venía encima. Se dirá que resulta sencillo realizar pronósticos “a posteriori”, pero no es menos cierto que desde los primeros momentos, y, especialmente desde septiembre de 2008, era evidente que nos encontrábamos ante una crisis profunda y larga de la economía real como consecuencia de la crisis financiera provocada por las hipotecas basura y los movimientos especulativos. Ese error de diagnóstico explica, en gran medida, lo ocurrido con posterioridad.

            2º.- Hubiéramos necesitado unos “Pactos de la La Moncloa” adecuados a la circunstancias. Algunos nos pronunciamos en tal sentido tras las elecciones de marzo de 2008, y lo dijimos. Por el contrario, se optó por una estrategia de “geometría variable” en el ámbito parlamentario que ha puesto de manifiesto la precariedad parlamentaria del Ejecutivo. Los contrarios a la idea de un amplio pacto político argumentan que los Pactos de La Moncloa son irrepetibles por su contexto histórico y por su contenido. Y tienen razón. Pero no es esa la cuestión. Lo que resultó determinante en aquella ocasión fue la capacidad para asumir de forma pactada los esfuerzos de toda la sociedad para hacer frente a una crisis angustiosa que ponía en peligro el propio proceso democrático. Había que distribuir con equidad los sacrificios y los esfuerzos.

            Pondré un ejemplo. Uno de los aspectos más urgentes en 1977 era hacer frente a una inflación que estaba fuera de control. En 1976 registrábamos una inflación del 20%, y en el transcurso de 1977 nos acercamos al 40%, frente al 10% como promedio en los países de la OCDE. Entre el paquete de decisiones acordadas con los sindicatos y los empresarios, la más dura consistió en trasladar a la negociación colectiva el criterio de que los salarios se incrementarían en relación con la inflación prevista para el siguiente año y no en relación con la inflación pasada. Tal decisión, que sigue hoy vigente a través de de los Presupuestos Generales, significó una pérdida considerable de poder adquisitivo por los trabajadores. A cambio, se puso en pie una moderna reforma fiscal que, por primera vez en nuestra historia, hacía efectivo el principio de la progresividad, mejoras en las pensiones, en la cobertura del derecho al desempleo y en la educación pública. Es decir, se repartieron con equidad los esfuerzos y se compensaron con mejoras sociales para los más perjudicados por la crisis. Ese y no otro en el espíritu de “Los Pactos de La Moncloa” y que deberían seguir vigentes en la actualidad.

            Es verdad que ahora el Partido Popular no se ha mostrado dispuesto a unos posibles acuerdos. Pero si el Gobierno lo hubiera propuesto en su momento a todas las fuerzas políticas, a los sindicatos y a la organización patronal, el PP se habría encontrado ante un dilema evidente: o negarse a cualquier acuerdo y aparecer ante los españoles como una fuerza incapaz de defender el interés general, o suscribirlos evitando llegar a la actual situación y renunciando a convertir la recesión en materia de combate electoral.

            3º.- Es evidente que carecemos de un sistema fiscal eficaz, justo y transparente. En el curso de los años hemos perdido progresividad y eficiencia. Coincido con la opinión del ex ministro Jordi Sevilla, en el sentido de que debemos impulsar una urgente reforma fiscal retornando a los principios establecidos en el artículo 31 de la Constitución. Nuestro sistema fiscal parece incapaz de perseguir un fraude con unas estimaciones que lo consideran próximo al 20%, uno de los más altos de la Unión Europea, y resulta alejado de los criterios de “justicia y progresividad” referidos en el ya citado artículo 31.1 del texto constitucional. Como nos recuerda el profesor Luis María Cazorla Prieto, “los sistemas tributarios modernos han ido adquiriendo poco a poco como rasgo más notable la progresividad, que se instaura como medio al servicio de la redistribución de la renta y del principio de la justicia material en el terreno tributario”. La progresividad debe entenderse referida al conjunto del sistema tributario y no a los tributos concretos que por su naturaleza exigen otros criterios fiscales. Unos de los aspectos más discutibles del incremento del IVA decidido por el Gobierno para hacer frente al déficit, se refiere, precisamente, a su naturaleza regresiva al forzar la tributación de forma igual a los consumidores con independencia de su nivel de renta. En otro sentido podría decirse lo mismo con ocasión del llamado cheque-bebé o con la exención fiscal ya suprimida de 400 euros a todos los ciudadanos. También resulta imprescindible avanzar en la armonización fiscal en Europa y luchar contra los paraísos fiscales.

            4º.- Para terminar, es preciso referirse a dos experiencias que también exigen cambios. Por una parte, en lo que se refiere al comportamiento de la banca privada. Con razón decía Felipe González hace escasos días, que los mismos que le exigen al presidente del Gobierno ajustes estrictos en relación con nuestro déficit, disfrutaron de avales públicos y apoyo monetario masivo en las primeras semanas de la hecatombe financiera. Fue un error liquidar toda suerte de banca pública que en estas circunstancias podría ser una palanca en manos del Gobierno para evitar el estrangulamiento económico de las familias y de las pequeñas y medianas empresas.

            Por otra parte, es urgente elaborar una reforma profunda de las Administraciones Públicas. Avanzar hacia una administración única, apropiada a la realidad de un Estado cuasi-federal como el que tenemos, constituye una exigencia que influiría en la eficiencia y el abaratamiento de su funcionamiento. Tenemos que evitar solapamientos, financiaciones dobles y evitables, y complejidades administrativas incomprensibles. Todavía estamos sufriendo lo peor de un Estado unitario, sin disponer de las ventajas administrativas de un Estado compuesto y autonómico. Tenemos que simplificar nuestra administración pública, hacerla más eficiente, mas moderna y más económica. Son tiempos de crisis y de reformas.

Enrique Curiel
Profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid.