El TC, decidido a sentenciar el Estatut

Según ha anunciado 'La Vanguardia', el Tribunal Constitucional (TC) ha iniciado un pleno que no piensa suspender hasta que haya dictado sentencia sobre el Estatut. Se trata, según el cronista, de una convocatoria con carácter indefinido y que pretende poner punto final al debate que se prolonga ya casi cuatro años sobre la reforma catalana. 

   Según la previsión que hace el cronista, la sentencia anulará como mínimo trece artículos y reinterpretará otros veinticuatro, como propone la presidenta del TC, María Emilia Casas, en su último borrador, el séptimo... Entre ellos, algunos relativos al modelo lingüístico, al poder judicial, a la naturaleza de los símbolos nacionales y al Síndic de Greuges, (Defensor del Pueblo), aunque posiblemente se ampliarán a la bilateralidad y a aspectos de la financiación. Siempre según el periódico barcelonés, lo primero que habrá hecho el TC es rechazar los últimos recursos que ha presentado la Generalitat para frenar el fallo. El Govern y el Parlament catalanes se han quedado solos en esta pretensión, que el Gobierno estimó infundada en un contundente informe del abogado del Estado.

   Pero, sin duda, lo más novedoso es esa pretensión y disposición de los magistrados de las diversas tendencias, firmemente decididos a no levantarse del pleno -que puede durar días- hasta que hayan logrado un fallo, por el procedimiento que sea, o en torno a esta séptima ponencia, elaborada por la presidenta del TC, María Emilia Casas, o mediante la votación por bloques o artículo por artículo. Para la propia institución, dice el cronista, el contenido de la sentencia importa ya relativamente. Lo más relevante es salir del atolladero y acabar con un asunto que tiene paralizado al Constitucional, en especial durante el último año.

   Los magistrados de los distintos sectores del TC y los partidos que les nombraron están de acuerdo en que no se puede seguir con la pugna en torno a la sentencia del Estatut. Pero ése es el único consenso que existe. Ya nadie aspira a una resolución ampliamente mayoritaria y mucho menos unánime. La presidenta del TC hará un último intento de que se apruebe su propuesta de fallo, pero lo más probable es que no lo consiga y que el pleno emprenda el camino farragoso de votar separadamente los preceptos más conflictivos. Es decir, que se recurra a una sentencia "puzzle", con todos sus inconvenientes para garantizar la coherencia del texto, aunque con la ventaja de que se aprobará algo y podrá decirse que, por fin, el TC cumplió con sus obligaciones institucionales.

   Se sabe que la ponencia que Casas entregó a los magistrados el pasado miércoles ha sido recibida con gran escepticismo, cuando no con fuertes ironías, en medios del sector conservador de la institución. Para este bloque, el texto de la presidenta es el mismo proyecto que ha querido aprobar durante cuatro años, con un nuevo intento de sumar al magistrado Manuel Aragón al bloque de cuatro jueces progresistas -Eugeni Gay, Pascual Sala, Elisa Pérez Vera y la propia Casas- que ha tratado de salvar al máximo el Estatut. Pero Aragón ya se plantó el pasado mes de abril, cuando se votó el quinto proyecto de resolución, y sería sorprendente que ahora hiciese otra cosa. El mejor camino que tiene Aragón para dejar su sello en la sentencia es que se vote artículo por artículo y que se sepa qué pronunciamientos se deben a su insistencia. El objetivo esencial de Manuel Aragón, catedrático de Derecho Constitucional, es que quede muy claro en el fallo que sólo hay una nación soberana, España, y una sola soberanía, la que ejerce el conjunto del pueblo español.

   El sector progresista se ha negado a recoger estos pronunciamientos por estimar que esta respuesta a un Estatut que no cuestiona dichos extremos es innecesaria y susceptible de no ser comprendida por los catalanes y en Cataluña. Pero durante cuatro años este bloque ha estado perdiendo la batalla, en parte porque el debate se ha centrado en la posibilidad de que el Estatut entrañe un germen de división del Estado español. Fuentes del Constitucional aseguran que si algunas discusiones del pleno llegaran a conocerse, producirían grandes sorpresas y no pocos escalofríos, por la cantidad de argumentos basados en presunciones y en los antecedentes históricos que se han manejado para establecer hipótesis sobre los presuntos "propósitos ocultos" de la clase política por medio del Estatut, como supuesta antesala de la ruptura de España.

   Por lo demás, la sentencia negará toda legitimidad al uso preferente del catalán por las administraciones en Cataluña, ante el temor de que se imponga el monolingüismo en la sociedad catalana y, a medio plazo, desaparezca el castellano. La esperada sentencia, como se ve, sigue suscitando toda clase de sospechas y controversias previas...