Irresponsabilidad

El sistema previsional argentino ya estaba en crisis a mediados de la década del 80, cuando la cantidad de jubilados y pensionados era menos de la mitad que los actuales.

En ese momento, la “solución” del gobierno radical consistió en licuar, con la inflación, las jubilaciones más bajas y liquidar mal los pagos de las más elevadas, quebrantando la ley y acumulando una deuda que recién se saldó, parcialmente, en la década del 90 con el producido de la privatización de YPF.

En esos noventa, como un mecanismo para superar el problema “hacia delante”, se decidió incorporar el sistema de capitalización, de manera que una parte de los compromisos con los futuros jubilados se cancelaran con los ahorros de dichos futuros jubilados y no con recursos públicos, Es decir, sacrificando ingresos públicos presentes, a cambio de una deuda futura, y colocando deuda pública para financiar la transición de un sistema a otro.

A lo largo del período, como los aportes de los trabajadores al sistema de reparto no alcanzaban para financiar los pagos ya comprometidos, más allá de los menores ingresos por  el pase al sistema de capitalización, que, como se indicó, se financió con deuda, se fue agregando parte de la recaudación del resto de los impuestos para cubrir el déficit del ANSES.

En otras palabras, coexistían un sistema de reparto quebrado financiado, parcialmente, con otros impuestos, y un sistema de capitalización complementario, con serios errores de diseño,  aprovechable, básicamente, por los asalariados de mayores ingresos, cuya transición se financió, como en todos los países que adoptaron esquemas similares, con deuda pública y, lamentáblemente,  sin ajustar otros gastos, para evitar que esa nueva deuda, se sumara a deuda emitida para financiar el déficit corriente

En los últimos años, el gobierno kirchnerista, acompañado por una mayoría diversa en el Congreso, avanzó en generalizar la jubilación aún para quienes no habían realizado, por diversas razones, ningún aporte, convirtiendo dicha jubilación  en un subsidio universal e indiscriminado a la vejez, (moratoria previsional), incluyendo entre los beneficiarios a gente pobre y necesitada y a gente rica con recursos suficientes como para vivir sin un regalo del Estado.

A su vez, se fue actualizando la jubilación mínima bien por encima de la inflación, financiando estas mayores erogaciones con la ya conocida solución alfonsinista, licuar las jubilaciones superiores a la mínima desactualizándolas y atrasándolas respecto de la inflación.

Cuando ese esquema se hizo insostenible y cuestionable en la justicia, se decidió, también de la mano de una mayoría multicolor, expropiar los fondos acumulados por los futuros jubilados en el sistema de capitalización y convertir el flujo de sus ahorros en impuestos para financiar nuevos incrementos de la jubilación mínima (que ya alcanza, por el subsidio mencionado, a más del 70% de los pagos).

Mientras tanto,  como del stock de ahorros expropiado, 60% es deuda pública, se “vendió” que eso bajaba el riesgo país. A su vez, la limitada liquidez de las inversiones expropiadas se usan sin control, ni prioridades, como un mal sustituto de un Banco de Desarrollo, y la contabilidad creativa logra que los cambios en la cotización de los títulos públicos en  tenencia del sistema y los intereses de dicha deuda pública “pagados” a sí mismo por el Estado, se conviertan en “ganancias” para financiar el subsidio universal a la infancia y respaldar un ficticio fondo de “garantía”, imposible de ser realizado, porque esa deuda pública no se puede pagar, sólo renovar.

Cualquiera que repase esta descripción podrá entender que el sistema de reparto que estaba quebrado en los ochenta, que siguió quebrado en los noventa, está ahora más quebrado que nunca, en presente y en futuro.

En presente, porque se le sumaron más de dos millones de jubilados nuevos, sin aportes y se financia con más del 40% de impuestos que no tienen que ver con los ingresos propios dell sistema.

En futuro, porque a esta situación, se le suma el hecho de que  los expropiados del sistema de capitalización, son ahora acreedores de una jubilación futura, que no hoy no tiene cobertura actuarial, dado que los aportes de hoy, como establece un  sistema de reparto que se precie, se usan para pagar las jubilaciones de hoy.

En síntesis, al panorama del ANSES se han incorporado, además de los pagos “habituales” que ya no tenían fondeo genuino, dos subsidios universales, uno a la niñez, relativamente bien diseñado, en el sentido que alcanza, básicamente, a los sectores necesitados del subsidio, aunque todavía presenta problemas de cobertura y otros menores. Y un subsidio a la vejez, pésimamente diseñado, dado que alcanza a pobres y ricos por igual, sin criterio distributivo. A un ANSES quebrado, se le sumaron responsabilidades que lo quiebran aún más.

Este es el resultado de la grave irresponsabilidad fiscal del kirchnerismo, que inventa  subsidios para todos sin financiamiento sostenible, y del debate que faltó cuando se decidió, primero, crear estos subsidios desfinanciados, y después, romper con el sistema de capitalización, sin poner nada racional a cambio.

Esa irresponsabilidad fiscal de los últimos años  obliga, ahora, a una responsabilidad extra de la actual oposición y futuro gobierno.

La sociedad argentina tendrá que definir a quién le paga la jubilación, a quién un subsidio a la vejez, y con qué montos. Y a quién deja que ahorre por su cuenta, con algún estímulo impositivo.

 No hay para todos y, aunque lo hubiera, ¿Tiene sentido que un país con los déficits de recursos que tiene en el sistema educativo, de salud, de infraestructura, de seguridad, etc. destine el 40% del gasto público nacional  a pagar jubilaciones?