La Casa Blanca lleva a los tribunales la Ley de Arizona

Tal y como se esperaba, el departamento que dirige Eric Holder ha recurrido la ley asegurando que “interfiere” en prerrogativas federales ya que la política migratoria, asegura, es un asunto que compete en último extremo al Gobierno federal. El grueso central de la argumentación que hacen los abogados del Estado es que las leyes federales están por encima de las estatales, un principio recogido en la Constitución.

    “En nuestro sistema constitucional, el gobierno federal tiene autoridad preeminente para regular los asuntos migratorios. Esta autoridad deriva de la propia Constitución de Estados Unidos y numerosas decisiones aprobadas por el Congreso. Las leyes de inmigración de la Nación reflejan un cuidado balance entre las normas nacionales, las relaciones con países extranjeros y asuntos de interés humanitario”, indica el Departamento de Justicia en el recurso.

Una demanda "insultante y escandalosa"

Ya hace varias semanas que la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, había adelantado en una entrevista a una emisora de radio ecuatoriana que la Casa Blanca tenía intención de llevar a los tribunales la polémica ley de Arizona, lo cual despertó entonces las iras de las gobernadora Brewer, quien consideró “humillante” tener que enterarse de los planes de la administración Obama a través de un medio de comunicación extranjero.

    Los legisladores republicanos de Arizona que impulsaron la ley no han tardado en condenar la demanda presentada por el Departamento de Justicia, y lo consideran un “insulto al imperio de la ley”, así como a Arizona y a sus habitantes. “Es un escándalo y muestra a las claras que no quieren imponer la ley”. , según el senador estatal Russell Pearce, para quien es lamentable que la Casa Blanca ignore el daño que está causando al país.

    La ley permite a los agentes de policía comprobar el estatus migratorio de cualquier ciudadano si tiene una "sospecha razonable" de que la persona es un inmigrante indocumentado. Según las organizaciones de defensa de los inmigrantes se da pie a que cualquiera pueda ser detenido por el color de su piel o por su acento. La normativa provocó una oleada de críticas de los gobiernos latinoamericanos, con el presidente mexicano, Felipe Calderón, a la cabeza.

    A las críticas también se sumó desde un primer momento el mandatario estadounidense, Barack Obama, quien coincidiendo con la visita de Calderón a la Casa Blanca hace unas semanas encargó al Departamento de Justicia que abriera una investigación al respecto. Los resultados de esa investigación, que ya están encima de la mesa del Despacho Oval, han sido concluyentes para que el fiscal Holder decidiera presentar la demanda.

“Batalla política y legal dramática"

El recurso de inconstitucionalidad presentado por Justicia en un juzgado de Phoenix (Arizona) abre ahora una “dramática” escalada en la batalla política y legal sobre esta ley, según palabras del periódico de referencia de la capital estadounidense, un recurso que se suma a otras iniciativas legales emprendidas por asociaciones como la American Civil Liberties Union y otros grupos de defensa de los inmigrantes que presentaron en mayo pasado una demanda colectiva contra la Ley SB 1070.

    La decisión de la Casa Blanca se ha hecho pública una semana después de que Obama ofreciera su primer gran discurso sobre su política migratoria desde que se instaló en el 1.600 de la Avenida Pensilvania hace año y medio. El presidente dijo entonces que había llegado el momento de aprobar en el Congreso una reforma migratoria integral que pusiera fin al limbo en que se encuentran unos 11 millones de inmigrantes sin papeles.

    Las palabras que utilizó para ello no pudieron ser más claras y contundentes. “La reforma migratoria no es una cuestión política o económica. Es un imperativo moral”. Eso sí, el presidente sabe muy bien que se trata de un asunto realmente espinoso para el que necesitará el apoyo tanto de demócratas y republicanos, y no está claro que pueda sacarlo adelante antes de que concluya el año, sobre todo teniendo en cuenta que en noviembre tendrán lugar las elecciones legislativas de mitad de mandato.