Las últimas campañas electorales en Cataluña tienen un marchamo surrealista. Los periodistas de los medios públicos muestran a las claras su desacuerdo con la ley que obliga a dichos medios a repartir los tiempos y el orden de las noticias en función de los resultados electorales anteriores y no por la valoración periodística que dichas noticias tengan.
Los profesionales acatan la medida, pero exteriorizan su malestar. Así, antes de los bloques electorales, se lee o comenta el desacuerdo con la medida que obliga a esas valoraciones y se manifiesta que la ley hace que los periodistas no puedan hacerse responsables de lo que escriben, leen o filman, por lo que dejan claro que no firman las informaciones. En dos palabras, desacreditan las informaciones que a continuación el sufrido ciudadano oye. La sensación es: “a continuación les explicamos lo que nos obligan a decir”, lo que equivale a quitar credibilidad a las informaciones, el principal capital que estas tienen.
El 'mal rollo' en los partidos políticos es palpable. Aunque antes de las campañas se habla de liberalizar la política de bloques, a la hora de la verdad todos quieren su parte del pastel.
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