Desireé Bravo recuperó su libertad luego de treinta horas

En el proceso de investigación que lleva adelante el fiscal Osvaldo Patiño sobre una denuncia de supuesta falsificación de documentos para beneficiarse con el título de bachiller, Bravo acudió el viernes al módulo policial del Plan Tres Mil, pero fue detenida por orden del representante del Ministerio Público, que encontró indicios de culpabilidad en su contra.

Sin embargo, por cuestiones de seguridad la titular del Concejo fue trasladada a la oficina central de la Felcc, donde permaneció hasta las 19:40 del sábado.

En las más de 30  horas que estuvo detenida, alrededor de mil vecinos de la zona de la Pampa de la Isla hicieron vigilia en las puertas de la Felcc y hasta bloquearon la avenida del tercer anillo externo en protesta por la decisión del fiscal.

Ayer por la mañana, primero se afirmó que la audiencia cautelar se iba a realizar a las 11:00, pero el juez mixto del módulo del Plan Tres Mil, Lucio Condori, se excusó arguyendo estar delicado de salud, según comentó el director de la Felcc, Miguel Gonzales.
Finalmente, la causa pasó a la jueza Ruth López, que fijó audiencia para las 16:30 y dispuso que la misma se lleve a cabo en la oficina de la Felcc, donde Bravo pasó la noche.

Según contaron varias autoridades políticas y cívicas que visitaron a la detenida, la dama sufrió una crisis de nervios después del mediodía, pero fue atendida oportunamente por sus familiares y amigos; el papá de la presidenta del Concejo no se separó ni un minuto de su hija.

Instalada la audiencia, el fiscal Patiño presentó la imputación precisando los delitos de falsedad ideológica y material, además de cohecho pasivo propio. Una vez argumentada la acusación el representante pidió a la jueza que disponga la detención preventiva de la acusada en el penal de Palmasola.

Sin embargo, el equipo jurídico de la defensa, liderado por el abogado Roberto Capobianco, tumbó la argumentación del fiscal sosteniendo que carecía de sustento legal, por lo que demandaron la libertad irrestricta para la detenida.

Después de 20 minutos de análisis de las exposiciones jurídicas de ambas partes, la jueza cautelar Ruth López  dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la detención para Bravo, pero ordenó su arraigo, la obligatoriedad de presentarse cada 10 días ante el Ministerio Público y la prohibición de acercarse a los otros imputados por el mismo caso. 

López también otorgó a las partes 72 horas de plazo para apelar su decisión. Antes de abandonar la Felcc en medio de fuertes medidas de seguridad, el fiscal Patiño no declaró si iba a apelar la decisión de la jueza; empero, el abogado Capobianco señaló que no se distraerá con temas pequeños y que centrará su accionar en la defensa de Bravo.
 
Dos horas y 45 minutos duró la audiencia cautelar en la que estuvieron presentes el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Núñez, y el senador Germán Antelo.

Si bien las más de 30 horas de detención llegaron a desesperar a los vecinos que hicieron  vigilia, al final todos se fueron contentos y hasta improvisaron una caravana por el centro de la ciudad. “Se ha hecho justicia; voy a asumir mis funciones más fortalecida que nunca”, se descargó la mujer, que recobró su libertad.

El proceso no impide su función edil
A partir de la fecha corren seis meses del proceso de investigación, antes de que el Ministerio Público acuse formalmente a Desirée Bravo o el caso sea archivado. Sin embargo, el proceso investigativo no dificultará el trabajo de la presidenta del Concejo Municipal.

Esta explicación fue realizada por el abogado Roberto Capobianco y avalada por la jueza cautelar Ruth López, que al salir de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen dijo, de forma escueta, que su fallo no precisaba de ninguna aclaración. 

Los antecedentes del caso dicen que el año pasado, a raíz de una denuncia contra funcionarios del Seduca que habrían falsificado el libro de notas de un colegio en la década de los 70, se utilizaron, supuestamente, para beneficiar a Bravo con el título de bachiller; por este litigio todavía hay dos personas detenidas en la cárcel de Palmasola.

Ayer, con ocasión del acto realizado a los pies del monumento a Simón Bolívar, el concejal del MAS, Saúl Ávalos,  reiteró que su partido no estaba detrás del proceso a la dama del oficialismo edil y que el problema era de índole personal, por lo que debía resolverse en los estrados judiciales.

Pese a la aclaración del MAS, a los líderes políticos y cívicos de la región no les sacan de la cabeza que detrás del proceso está el Gobierno.