La normativa entrará en vigor a partir de este jueves pero quedarán sin efecto los puntos que más rechazo habían suscitado, como obligar a los agentes policiales a comprobar el estatus migratorio de los inmigrantes retenidos por asuntos menores como saltarse un semáforo o provocar algún altercado en la calle. La magistrada Susan Bolton también ha dejado en suspenso la parte de la ley que criminaliza la inmigración y obliga a los residentes legales a llevar siempre encima los papeles.
“Estados Unidos podría sufrir daños irreparables si los tribunales no ayudan a que se respeten las leyes. Aunque los intereses del estado de Arizona pueden ser coherentes con los del gobierno federal no es de interés público para Arizona aplicar este tipo de leyes”, asegura la juez federal en su fallo, en el que insiste en que no se puede detener a la gente pensando que hay “sospechas razonables” de que podría ser un indocumentado.
La Administración de Barack Obama y organizaciones como la Unión Americana por las Libertades Civiles acudieron a los tribunales para recurrir la nueva ley. Desde la Casa Blanca consideran que la aprobación de esta normativa supone una violación de la Constitución estadounidense porque legisla sobre temas migratorios que son competencia exclusiva del Gobierno federal. Desde la ACLU impugnaron la ley asegurando que es racista y discriminatoria.
La ley SB1070 que entrará este jueves en vigor fue promulgada el pasado 23 de abril por la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, y entre otras cosas convierte en delito menor la inmigración ilegal en el estado, aunque ahora la juez ha retirado a las autoridades policiales la potestad para investigar el estatus migratorio de cualquier persona bajo el argumento de que podría haber una sospecha razonable de que reside ilegalmente en Arizona.
Los defensores de la norma aseguran que mientras los políticos en Washington siguen sin mojarse para aprobar una reforma migratoria integral la ley SB1070 ayudará a controlar la inmigración ilegal en el estado, donde se calcula que residen unas 450.000 personas sin papeles. La gobernadora Brewer lo tiene muy claro: el gobierno federal ha fracasado en su intento por frenar la llegada de inmigrantes al país y Arizona debe resguardar sus fronteras y proteger a su gente.
El sheriff más temido de Arizona, Joe Arpaio, advierte que los agentes de su condado seguirán adelante con las redadas para detener a gente sin papeles. “Nosotros no esperamos. Nos limitamos a actuar, y si existe una nueva ley, la haremos cumplir'”, afirmó antes de conocerse el fallo de la magistrada. En todo caso insiste en que desplegará a unos 200 agentes y voluntarios para impedir que se cometan infracciones de tráfico y localizar a delincuentes prófugos de la justicia.
<<Diariocrítico de New York>>
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