El juzgado número de Instrucción número 45 de Madrid ha citado como imputado al representante legal de Google en España para que aclare los datos recopilados por sus coches para el servicio 'Street View'.
Está previsto que el representante acuda el 4 de octubre para prestar declaración ante la jueza Doña
Raquel Fernandino. Entre otras cosas, la compañía tendrá que aclarar si recopiló nombres de redes particulares, direcciones IP asignadas a los 'routers' o paquetes de datos de los internautas.
En este sentido, la Brigada Provincial de Delitos Informáticos tendrá que proporcionar la información de la que dispone sobre la actuación del gigante de internet.
La juez aceptó la comparecencia de Google en una providencia del 5 de agosto tras una denuncia presentada por la Asociación para la Prevención y Estudios de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (Apedanica).
La asociación presentó la denuncia teniendo en cuenta la "relevancia pública" y el "interés general" de los hechos "ya reconocidos por Google". La compañía pidió disculpas en Alemania por recopilar datos y su servicio fue vetado en Portugal por este motivo.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han querido dejar claro que la investigación está dando "sus primeros pasos" por lo que la situación actual no implica que Google "vaya a ser llevada a juicio".
Por su parte, fuentes de Google España han explicado que "la citación no ha llegado de forma oficial" a la compañía. Sin embargo, sí existe constancia de la denuncia y de la providencia y una total disposición a colaborar.
Al igual que hace Google "en todos los países", un representante legal responderá a "todas las preguntas". "El objetivo es eliminar los datos conforme a las obligaciones legales", ha manifestado.
La Agencia de Protección de Datos abrió en mayo una investigación para determinar si Google vulnera la ley de protección de datos y los derechos de los ciudadanos.
A su vez, la asociación FACUA presentó una demanda contra Google ante la Audiencia Nacional por atentar contra la "privacidad de los ciudadanos" al recopilar datos de las redes Wifi.
En este sentido, desde el TSJM reconocieron que si el asunto se plantea a nivel nacional, también se presentaría un conflicto de competencias con la AN. En este sentido, las fuentes consultadas han dejado claro que la juez Raquel Fernandino se declararía incompetente.
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