“Casi un 65% va al ‘acullicu’, o sea al masticado de la hoja de coca, y un 35% a 40% (…) al problema ilegal“, dijo el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, encargado de la lucha contra las drogas, según medios locales.
Una fuente de ese viceministerio, encargado de la lucha contra el narcotráfico, confirmó a Efe lo dicho por Cáceres, pero aclaró que esos porcentajes son “preliminares” y que las cifras definitivas se divulgarán cuando concluya un estudio sobre el consumo legal de coca en Bolivia, que actualmente se elabora.
Es la primera vez que el gobierno de Morales divulga un cálculo propio sobre el porcentaje de coca desviado al narcotráfico, que por años ha tratado de minimizar.
El mismo Morales reconoció en octubre pasado que los cocaleros de los sindicatos que él dirige en la región central del Chapare desvían la hoja al narcotráfico, e incluso les regañó porque piden aumentar el número de hectáreas cultivadas.
El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, admitió un mes antes que el narcotráfico aporta a la economía del país de 300 a 700 millones de dólares anuales (hasta un 3% del PIB).
Sin embargo, el ex viceministro de Defensa Social Ernesto Justiniano, que ejerció ese cargo 2002, durante la Presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, comentó a Efe que Cáceres “se confundió con los porcentajes”, porque la mayoría de la coca va al narcotráfico y solo un tercio al consumo legal.
Justiniano citó un estudio de la ONU que señala que en 2009, de 54.000 toneladas métricas de coca producidas, unas 19.000 fueron a mercados autorizados y 35.000 “quedaron afuera”, y añadió que la hoja que no va al “acullicu” solo puede ir a la producción de cocaína.
También criticó Justiniano el plan de Morales de aumentar de 12.000 a 20.000 las hectáreas legales de coca.
El último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) señaló en 2009 que las plantaciones de coca en Bolivia suman 30.900 de hectáreas, 1% más que en 2008.
El gobierno de Morales lleva cinco años anunciando planes para industrializar los excedentes de hoja de coca, pero hasta ahora sin resultados concretos.
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