El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley del Olivar, que amplía las medidas de apoyo de la Junta para asegurar el liderazgo mundial de Andalucía en este sector, principal actividad económica de 250.000 familias en más de 300 municipios. La futura Ley, pionera a nivel europeo, establecerá el marco normativo para mantener y mejorar el cultivo, facilitar el desarrollo sostenible de los territorios olivareros y fomentar la calidad y promoción de sus productos.
La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha indicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que esta norma persigue la consolidación del liderazgo mundial de Andalucía en este sector, no sólo en producción, sino también en transformación y comercialización. ha agregado que desde el principio de la legislatura se empezó a trabajar en esta futura norma, algo que no ha sido "fácil" y que se han celebrado importantes debates y jornadas, más de 80, con el sector para que hiciera sus aportaciones.
"Me interesa que sea una ley de todos y para todos", según ha dicho Aguilera, quien ha confiado en que el trámite del proyecto de Ley en el Parlamento dé lugar a un amplio consenso y, en referencia a Asaja, que ha echado en falta diálogo sobre la norma, ha expresado que quiere contar con esa organización y que su departamento, sin duda, está abierto a introducir "mejoras sustanciales".
El proyecto de Ley plantea un doble enfoque de fomento sectorial y de cohesión territorial mediante la aplicación de fórmulas de colaboración público-privada. Entre otras novedades, establece la figura de los contratos territoriales que los titulares de fincas podrán suscribir con la administración autonómica, a título individual o agrupados por zonas. En estos documentos quedarán definidos tanto los compromisos de los agricultores para mejorar la gestión integral de sus explotaciones en las vertientes productiva, ambiental y social, como las contrapartidas económicas que recibirán por llevarlos a cabo.
Para garantizar la cohesión territorial y el mantenimiento de la renta, igualmente novedoso es el reequilibrio que el proyecto normativo introduce en el sistema de ayudas públicas, mediante un reparto asimétrico de los recursos disponibles orientado a facilitar mayor apoyo a los olivareros que más lo necesitan.
En líneas generales, según Aguilera, la futura ley plantea dos ejes fundamentales de impulso a la competitividad y sostenibilidad del sector. En el primero de ellos se enmarcan la modernización de las explotaciones de olivar tradicional potencialmente productivas, el fomento del uso del riego para aumentar la producción y la renta, el aprovechamiento energético de los residuos agrícolas e industriales, el fortalecimiento de los programas de investigación, innovación y formación de nuevas tecnologías aplicadas al olivar, la concentración de la oferta a través de medidas de apoyo al asociacionismo empresarial y el fomento de la calidad y promoción de las producciones.
En cuanto al eje de sostenibilidad, el proyecto prevé la ampliación de las políticas que actualmente se desarrollan para mantener la renta de los olivicultores; impulsar la multifuncionalidad y diversificación de explotaciones e industrias; mejorar las condiciones de trabajo, y respaldar el olivar tradicional, el situado en zonas con desventajas naturales, la producción ecológica e integrada y el uso eficiente de los recursos hídricos.
PLAN DIRECTOR DEL OLIVAR
Las medidas de fomento previstas se desarrollarán a través del Plan Director del Olivar, que se aprobará en el plazo máximo de un año tras la entrada en vigor de la ley y determinará la intervención y la colaboración pública-privada en aquellos territorios en los que la producción de la aceituna o de aceite de oliva es fundamental para la economía, el empleo, el mantenimiento de la población en el medio rural y la conservación del patrimonio natural.
El documento de planificación, elaborado por la Consejería de Agricultura y Pesca con la participación de las organizaciones más representativas, delimitará estas zonas del olivar de acuerdo con sus distintas tipologías. Con una vigencia de seis años, el plan incluirá un diagnóstico de la actividad y definirá las diferentes líneas de actuación para reforzar la competitividad de las explotaciones.
La aprobación del plan por el Consejo de Gobierno deberá contar con el previo informe preceptivo del Consejo Andaluz de Olivar, órgano asesor de nueva creación que se constituirá en un plazo de nueve meses tras la aprobación de la ley y que estará integrado por 20 miembros, entre representantes de las administraciones públicas y del sector y especialistas en la materia.
Durante su intervención, la consejera ha puesto de manifiesto la "gran debilidad comercial" que aún existe en este sector y ha abogado por una mayor concentración de la oferta para ganar en competitividad y lograr un mayor nivel de exportaciones. A su juicio, hay que ir "a fusiones e integraciones" y acabar con los "liderazgos locales" que ejercen algunas personas, sobre si el aceite de tal sitio es mejor que la de otro, y que están afectando a una mejor planificación a la hora de la comercialización.
Asimismo, ha considerado fundamental que la comercialización y las exportaciones no sean sólo por ventas a granel, sino que salgan también marcas propias de empresas andaluzas. Para Aguilera, ha habido grandes pasos en materia de comercialización, pero son insuficientes todavía.
Preguntada sobre el fraude detectado en el etiquetado de botellas de aceite de oliva, la consejera ha querido dejar claro que no se puede hablar en ningún caso de la "generalización" de un fraude, y se ha referido a la tarea que está realizando la Dirección General de Consumo para preservar los intereses de los consumidores y de los productores y evitar cualquier tipo de incertidumbre. En su momento, según ha apuntado, la citada dirección dará a conocer el trabajo desarrollado.
MÁS DE 1,5 MILLONES DE HECTÁREAS
Andalucía, con más de 1,5 millones de hectáreas y 320.000 explotaciones, concentra la tercera parte del olivar europeo, el 40 por ciento de la producción mundial de aceite de oliva (en torno al millón de toneladas) y el 20 por ciento de la de aceituna de mesa (400.000 toneladas). Ambas producciones tienen un gran peso en la balanza comercial andaluza, con unas exportaciones que representan el 21 por ciento y el 7 por ciento del total de ventas de productos agroalimentarios al exterior, respectivamente. El aceite de oliva supone el 24% del valor de la producción agraria regional.
El olivar andaluz, que representa el 60 por ciento de la superficie olivarera española, se distribuye por las ocho provincias, con especial relevancia en Jaén, el sur de Córdoba, el noroeste de Granada, el norte de Málaga y sudeste de Sevilla. La actividad vinculada a sus explotaciones genera más de 22 millones de jornales al año.
PARA ASAJA NECESITA UN CAMBIO RADICAL
El presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, anuncia que si el texto no sufre un cambio radical en su tramitación en el Parlamento, pedirá al Defensor del Pueblo y a los grupos parlamentarios que presenten un recurso ante el Tribunal Constitucional
Pese al amplio rechazo cosechado en su tramitación, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobará hoy el Proyecto de Ley del Olivar, que inicia ahora la fase parlamentaria. Pese a las múltiples alegaciones presentadas, pese al voto en contra de los agentes económicos en el Comité Económico y Social de Andalucía, pese al varapalo que le propinó el Consejo Consultivo de Andalucía, que rechazo la redacción de 15 de los 39 artículos y señaló que muchos de sus preceptos estaban “vacíos de contenido”, pese a la oposición de gran parte del sector olivarero, la Consejería de Agricultura ha llevado el texto al Consejo de Gobierno poco más de un mes después del rechazo del Consultivo y sin haber dado opción a que las organizaciones agrarias aportaran sus mejoras al último texto.
La Consejería de Agricultura ha carecido del talante dialogante y de la capacidad negociadora que mostró la Consejería de Medio Ambiente en la elaboración de la Ley de Aguas, un texto que fue debatido en todas sus fases de tramitación con los agentes sociales y económicos y con las organizaciones agrarias, y cuyo resultado final mejoró sensiblemente gracias a estas aportaciones.
Parece que con la aprobación de una Ley en cuyo epígrafe figure la palabra olivar el Ejecutivo de Griñán y en especial su consejera de Agricultura, Clara Aguilera, pretenden justificar la pésima gestión que han desarrollado a lo largo de la legislatura sobre todo lo relacionado con el sector del olivar, el más emblemático de la agricultura andaluza, que ha carecido de apoyo para emprender el necesario Plan de Reestructuración, para lograr que Bruselas diera su visto bueno a la puesta en marcha el sistema de almacenamiento privado y para encontrar alguna solución al principal problema del sector, el hundimiento de los precios en origen del aceite y de la aceituna de mesa y la falta de instrumentos de regulación de mercados.
Ninguno de estos temas se resuelve en el texto que hoy aprobará el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por cuanto el proyecto de Ley del Olivar no deja de ser un “bla, bla, bla,” innecesario (porque nadie la había reclamado), inútil (porque no aporta nada nuevo), vacío de contenido (porque todo lo deja a la redacción posterior de un Plan Director) y carente de sentido, que tan sólo ha contribuido a “marear la perdiz” y provocar que la Administración y los agentes sociales perdamos el tiempo y dilatemos las soluciones a los problemas reales que afectan al olivar andaluz y a los agricultores y los más de 600 municipios que dependen de este cultivo, que atraviesa una grave crisis cuyas soluciones no van a venir de la mano de este vacuo proyecto de Ley.
En conclusión, se trata de un proyecto de Ley elaborado al más puro estilo del “despotismo ilustrado”, pues nadie lo ha pedido, nadie lo necesita, con nadie se ha consensuado y hasta ahora sólo ha cosechado rechazos, por ello, el presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, ha anunciado que si el texto no sufre un cambio radical en su tramitación en el Parlamento, pedirá al Defensor del Pueblo y a los grupos parlamentarios que presenten un recurso ante el Tribunal Constitucional.
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