La toma de empresas e industrias compromete cada vez más el abastecimiento de mercancías
Durante los últimos años, hemos visto cómo progresivamente han pasado a manos del Estado numerosos establecimientos del sector productivo privado. Desde empresas agrícolas hasta embotelladoras, productoras y puntos de venta de bienes de consumo final han contribuido con el tamaño que ahora ostenta el Estado productor, por obra y gracia de la política de expropiaciones adelantada por el gobierno nacional. En el último Estudio Nacional sobre Desabastecimiento formulado por Datanálisis, se pone en evidencia la percepción de la población sobre este tema.
De acuerdo con este trabajo, tres cuartas partes de la población venezolana rechazan la participación directa del gobierno nacional en la elaboración, distribución y venta de alimentos. En cuanto a la disponibilidad de alimentos, el 51,3 por ciento de la población percibe deterioro en la oferta de mercancías como consecuencia de la incorporación del Estado como actor de la cadena de producción y distribución del sector, el cual ha justificado su intervención forzosa en el sector con el paradójico argumento de enfrentar y resolver la escasez provocada, según ellos, por los mismos empresarios privados.
Las actuaciones oficiales contra la propiedad de los establecimientos de alimentos del sector privado son rechazadas por el 74,8 por ciento de la población, mientras que cerca del 10 por ciento considera que el cierre y expropiación de empresas es la principal causa de desabastecimiento.
Semejante nivel de rechazo se explica en el hecho de que el consumidor venezolano ahora encuentra menos alternativas en el mercado, toda vez que 49,6 por ciento de la población venezolana percibe que las expropiaciones tienen efectos negativos sobre la variedad de marcas y productos que pueden conseguirse en los anaqueles del supermercado, mientras que 47,6 por ciento de las personas considera haber experimentado una disminución en su calidad de vida.
Al evaluar la opinión pública sobre cómo ha sido la incursión del Estado en la cadena de producción, más del 70 por ciento considera que, lejos de promover un ambiente de convivencia e interactuación positiva entre ambos sectores, el gobierno venezolano ha desplazado a las empresas privadas. Incluso, al preguntar sobre cambios en la eficiencia de las empresas expropiadas, únicamente el 12% de los entrevistados asegura que la producción se ha elevado luego del pase a manos gubernamentales.
Si consideramos que definitivamente las expropiaciones no han podido demostrar su impacto positivo en la oferta de bienes (peor aún, han acentuado la escasez y disminuido la variedad de alimentos) y, además, es una acción oficial con elevado rechazo popular, preguntamos a la gente de a pie ¿qué opciones considera pueden contribuir a resolver el problema de la limitada oferta de productos?
La respuesta generalizada por parte del consumidor es que el Ejecutivo Nacional debería adoptar tres medidas inmediatas para atacar la verdadera raíz del problema: 1) hacer cumplir las leyes, 2) estimular la producción e inversión y 3) detener las expropiaciones.
Parece estar claro que la incapacidad operativa del Gobierno para controlar la producción, distribución y venta de alimentos, solo ha llevado a los venezolanos a niveles de carestía preocupantes y ha estimulado la desinversión.
Así las cosas, cada vez es menos creíble el cuento del acaparamiento y especulación para justificar el por qué Venezuela, un país privilegiado en términos de recursos, está cada vez más lejos de alcanzar la llamada seguridad alimentaria. La toma de empresas e industrias definitivamente compromete cada vez más el abastecimiento de mercancías y, parece que también, la paciencia de la población venezolana.
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