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También revisará los últimos gatos en el proyecto de cooperación internacional

La alcaldesa de Pinto reparte concejalías entre sus socios de 'Juntos por Pinto'

miércoles 20 de junio de 2007, 18:28h
La alcaldesa de Pinto, Miriam Rabaneda Gudiel, del Partido Popular, ha distribuido las áreas municipales entregando a su socio de gobierno, Juntos por Pinto (JpP), las concejalías de Deportes, Participación Ciudadana y Cooperación Internacional, de las que se responsabilizará Reyes Maestre Fraguas. Las de Igualdad de Oportunidades, Mujer, Discapacidad, Inmigración, Emergencia Social y Turismo corresponden a Juana Valenciano, también de JpP. Maestre es además primer teniente de alcalde de Pinto.
El equipo de Gobierno restante de Rabaneda queda conformado por ocho concejales del PP. Se trata de Julio López Madera (segundo teniente de alcalde, concejal de Ordenación del Territorio, Vivienda, Comercio, Industria, Obras, Servicios y Medio Ambiente), Juan Antonio Padilla (tercer teniente de alcalde y concejal de Presidencia); y  Rosa Ganso (cuarta teniente de alcalde, concejala de Juventud, Infancia y Mayores).

El Gobierno municipal se completa con Alberto de las Heras (Seguridad Ciudadana y Transportes), Tamara Rabaneda Gudiel (Hacienda y Contratación), Fernando González Jaén (Educación y Empleo), Rosario Mendonza (Sanidad y Consumo) y Alberto Vera (Cultura, Festejos y Protección Civil).

Justificación de gastos
Rabaneda anunció, un día antes de ser investida alcaldesa, que PP y JpP se comprometían a realizar, con carácter inmediato, una auditoría del programa de cooperación internacional, concretamente en la localidad hermanada de Pinto-Argentina y en Cuba, realizado por la anterior Corporación. La regidora adelantó que de esa cuestión se responsabilizarán en principio los técnicos municipales y servirá para conocer "todo lo que se ha gastado el Ayuntamiento, como los casi dos millones de euros destinados a Argentina, que es la mayor parte que está sin justificar". La alcaldesa destacó que su Gobierno llevará el caso a los tribunales si así lo recomiendan los servicios jurídicos del Ayuntamiento y, también, pedirán responsabilidades "si hay facturas sin justificar".


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