Petición unánime a la Junta para que colabore en esclarecer los casos de bebés robados

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado por unanimidad una proposición no de Ley, a instancia del PSOE-A, por la que insta a la Junta a participar de forma activa en el análisis de los casos de presuntos robos de bebés y adopciones ilegales en Andalucía durante el franquismo para conocer su dimensión y sus consecuencias, impulsando la interlocución con las asociaciones de víctimas, y a "colaborar con la Fiscalía para apoyar las investigaciones, impulsando medidas de apoyo y servicios para contribuir al esclarecimiento de los hechos".    Según lo aprobado en la iniciativa, el Parlamento manifiesta su solidaridad con todas las madres y padres víctimas "de la trama de adopciones ilegales que presuntamente funcionó al amparo de instituciones hospitalarias y eclesiásticas" durante el franquismo, así como de sus descendientes a los que se les negó el derecho a vivir con sus progenitores.    Asimismo, apoya el impulso a la investigación de los casos denunciados, pide que se sancione a los culpables, que se repare a las víctimas, de manera que puedan recuperar la identidad que les fue arrebatada, si éstos así lo desean, y la respalda la puesta en marcha de medidas que favorezcan la gestión de las denuncias y la agilización de los trámites que permitan la identificación y localización de los desaparecidos, tales como banco de ADN, asesoramiento legal, facilitación de los procesos de búsqueda de información o creación de una oficina de gestión documental.    De igual modo, la Cámara autonómica apoya el desarrollo de instrumentos para atención a las víctimas por parte de la Administración y que se facilite el acceso a las pruebas de ADN a las personas que hayan formulado denuncia, para que los mismos puedan introducirse en la Base de Datos Conjunta de personas desaparecidas en España puesta en marcha por el Ministerio del Interior, de forma que los investigadores puedan realizar cruces con los archivos de ADN, para resolver muchos casos pendientes en toda España.    En su defensa de la iniciativa, cuyo debate fue presenciado en la tribuna de invitados del Pleno del Parlamento por familias víctimas de presuntos robos de bebé, la diputada del PSOE-A Pilar Navarro ha destacado que la proliferación en los últimos meses de denuncias relativas a las desapariciones de bebés durante la dictadura franquista y de posteriores adopciones ilegales hasta los años ochenta ha puesto en evidencia "la dimensión de un fenómeno que ha permanecido latente durante décadas en nuestro país".    Navarro ha asegurado que la identidad real y biológica de un millón de españoles podría estar falseada debido al escándalo del robo sistemático de recién nacidos durante medio siglo. "De confirmarse estos indicios, estaríamos ante un problema de una enorme proyección y calado social, ya que se calcula que pudieron ser más de 300.000 los niños y niñas adoptados de forma irregular desde los años 40 hasta los años 90 del siglo XX", ha añadido.    "La comunidad autónoma de Andalucía debe asumir un papel preponderante en cuanto a la máxima colaboración con estas investigaciones, a la par que en cuanto a la manifestación de solidaridad para con las familias afectadas", ha concluido la socialista. PP-A PIDE HACER "UN FRENTE COMÚN"    Por su parte, la diputada del PP-A María Dolores López ha mostrado su "más profundo respeto" a las familias víctimas de la guerra y de la dictadura y a todas aquellas madres a las que les arrebataron a sus hijos. Ha considerado que "todos debemos unirnos ante casos como éste y hacer frente común par que esta iniciativa no quede en un simple papel".    Asimismo, ha dicho que el PP es un partido "que nace, crece y vive con la democracia", añadiendo que como representantes legítimos de la ciudadanía "tenemos la obligación de cerrar heridas y evitar enfrentamientos de cualquier tipo". "Es cierto que éste puede ser uno de los episodios más tristes de nuestra reciente historia. Pero nos preocupan esos robos y también que en pleno siglo XXI se sigan produciendo hechos de este tipo", ha apostillado.    Finalmente, el diputado de IULV-CA José Manuel Mariscal ha asegurado que esta iniciativa merece el apoyo de su grupo parlamentario, aunque ha considerado que "no es lo adecuado impulsar la política de memoria histórica a través de proposiciones no de Ley, sino mediante una Ley de Memoria Histórica con una cobertura integral a la verdad, la justicia y la reparación". Además, ha destacado el papel "cómplice" de la jerarquía eclesiástica con estos delitos "está fuera de toda duda", por lo que le ha exigido que pida perdón a las víctimas. NO MAS NUCLARES Asimismo, el Pleno del Parlamento ha expresado su "oposición a la construcción de nuevas centrales nucleares en todo el territorio español y a favor del cierre progresivo de las existentes una vez finalizado su periodo de vida útil", un pronunciamiento que ha contado con los votos a favor de PSOE-A e IULV-CA, mientras que el PP-A se ha abstenido.    Ese punto se recogía en una proposición no de Ley del PSOE sobre energías limpias, que sí contó con la unanimidad de la Cámara en el resto de sus puntos. Así, el Pleno ha instado a la Junta para que demande al Gobierno español que siga avanzando en el desarrollo de un modelo energético en el que las energías de fuentes renovables tengan cada vez mayor presencia en el mix energético nacional, lo que debe permitir a España, no sólo cumplir, sino superar el objetivo marcado por la Unión Europea de que, en el año 2020, el 20 por ciento de nuestro consumo energético sea de origen renovable.    También ha pedido a la Junta que plantea al Ejecutivo español a potenciar igualmente el desarrollo de los planes y programas de ahorro y eficiencia energética puestos en marcha por la administración central y autonómica, tendentes a reducir el consumo de energía en las administraciones públicas, las empresas y la ciudadanía, de tal forma que esta nueva cultura del ahorro y la eficiencia energética impregne todos nuestros comportamientos.    De igual manera, se ha reclamado a la Junta que potencie la labor ejemplarizante iniciada en el marco de la red de Energía de la Junta de Andalucía, Redeja, llevando a cabo todas las actuaciones ya planificadas de implementación de energías renovables y la adopción de medidas de ahorro y eficiencia energética en los centros adscritos a la administración autonómica.    La Cámara ha instado al Consejo de Gobierno a potenciar las actuaciones ya iniciadas en materia de movilidad sostenible, impulsando planes de movilidad de bajo impacto ambiental, promoviendo el uso de vehículos eficientes  como son los de tecnología híbrida, los vehículos eléctricos puros y aquellos que empleen biocarburantes, tanto en flotas públicas como en vehículos privados, fomentando asimismo las infraestructuras necesarias para que dichos vehículos empleen energías renovables como fuente energética predominante.    La diputada del PSOE-A María Cózar ha indicado, en defensa de la iniciativa, que es necesario trasladar a los ciudadanos la apuesta decidida por un modelo energético seguro y sostenible, apuntando que el PSOE siempre ha estado comprometido con la sustitución de la energía nuclear por otras más limpias y seguras.    Ha agregado que Andalucía es líder y referente en las energías renovables, en una apuesta firme por el desarrollo sostenible. Esos compromisos se han traducido, según ha apuntando, en legislación y en inversiones.    Por su parte, el parlamentario del PP Jaime Raynaud ha manifestado que Andalucía es la comunidad que más CO2 emite en España, algo en lo que tendrá que ver el "parón" al desarrollo de la energía eólica por parte del Gobierno central. Ha agregado además que el ahorro energético no es un objetivo de la Junta en los edificios de sus distintos organismos. Raynaud ha dudado de que haya una apuesta real de la Junta por las energías renovables.    El diputado de IULV-CA José Antonio Castro ha señalo en que el PSOE tiene una importante responsabilidad en que no se haya avanzado más en el cierre de centrales nucleares en este país y en la apuesta por las energías renovables porque no hay un plan de ahorro energético a nivel nacional. Durante su intervención, ha calificado al PP-A de partido "pronuclear".