En mayo de 2006, por los inspectores del Banco de España
El Gobierno de Zapatero fue advertido dos años antes de la crisis financiera y se lavó las manos
jueves 14 de abril de 2011, 12:37h
Un documento de los inspectores de entidades de crédito del Banco de España, fechado el 26 de mayo de 2006 y al que Diariocrítico ha tenido acceso, hace volar por los aires la excusa del Gobierno de Zapatero sobre que nadie podía prever con antelación la crisis del sector financiero español que se avecinaba. Ese documento, firmado por Juan Manuel Quintero, presidente de AIECA, y remitido al entonces vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, ponía el acento sobre los desequilibrios de las instituciones financieras y la situación de crisis que se podría abrir en España, fundamentalmente -pero no sólo- por el sector inmobiliario, y también por toda la alegría crediticia y operaciones bancarias dudosas permitidas por el Gobierno y por el entonces gobernador del Banco de España, Jaime Caruana. El documento deshace las coartas de Zapatero sobre la imprevisibilidad de la crisis financiera española.
El documento al que Diariocrítico ha tenido acceso fue remitido el 26 de mayo de 2006 a la directora del Gabinete del vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, para su remisión al ministro. Pero cayó en saco roto. Iba firmado por Juan Manuel Quintero en su calidad de presidente de la Asociación de Inspectores de Entidades de Crédito del Banco de España (AIECA), y resumía, en apenas cuatro folios, la gestión del anterior gobernador del Banco de España, Jaime Caruana Lacorte, del que criticaban “su generosa evaluación de su gestión al frente de la supervisión eludiendo sus responsabilidades en la generación de los desequilibrios que él mismo señala”.
El documento sirvió en la sesión de control al Gobierno del miércoles de arma arrojadiza del diputado del PP Ramón Aguirre contra la vicepresidenta segunda, Elena Salgado. Salgado estalló -literalmente- en esa sesión de control, acusando al PP de querer dinamitar la imagen del Banco de España. Diariocrítico les ofrece integro el citado documento, que lo que dinamita realmente son las coartas de Rodríguez Zapatero sobre que nadie podía prever con antelación la crisis que se avecinaba sobre nuestro país.
Ya en mayo de 2006, los inspectores del Banco de España le decían a Solbes lo siguiente: “Nosotros, que somos los que examinamos in situ la situación de las entidades sometidas a la supervisión del Banco de España incluidas las sociedades de tasación, conocemos de primera mano el frágil estado en el que se encuentra el mercado inmobiliario en España y conocemos también las implicaciones que podrían tener para la economía en su conjunto y para el sector financiero en particular una corrección desordenada de sus evidentes desequilibrios”. Y añadían que “en una situación así, permanecer callados ante las continuas manifestaciones de complaciente optimismo realizadas por el Gobernador del Banco de España en sus últimos discursos nos haría partícipes de sus análisis y de sus errores, que es más de lo que se nos puede exigir como profesionales de la supervisión bancaria”.
La gravedad de la situación para las familias españolas
En el documento, los inspectores del Banco de España informaban al vicepresidente segundo del Gobierno que “el nivel de riesgo acumulado en el sector financiero español como consecuencia de la anómala evolución del mercado inmobiliario en España en los últimos seis años [cuatro durante el Gobierno de Aznar y dos durante el de Zapatero] es muy superior al que se desprende de la lectura de los mencionados discursos del gobernador [Jaime Caruana]”, quien minimizaba “la importancia del riesgo latente en el sistema financiero español”.
En ese punto, ya en mayo de 2006 los inspectores, ante la “pasiva actitud” mostrada por las autoridades monetarias, cargaban las tintas sobre el “insostenible crecimiento del crédito bancario en España durante los años del mandato del señor Caruana”. Una situación que dejaba adivinar un futuro en crisis: el Banco de España estaba permitiendo un crecimiento desordenado e insostenible del crédito bancario: “Como consecuencia inmediata de esta ausencia de medidas, el proceso de aceleración del crédito bancario, originalmente circunscrito a las entidades con menor cultural en el control de sus riesgos, se ha ido extendiendo a las demás entidades de crédito que operan en el sistema financiero español por efecto de la, por otro lado saludable, competencia”.
Es decir, que incluso las entidades con mejores sistemas de evaluación y gestión del riesgo se habían visto obligadas a entrar en la carrera por la captación de negocio, “muy a su pesar y con el único objetivo de evitar ser expulsadas del mercado”.
Los inspectores avisaban de esa dinámica diabólica y pedían, anticipándose a los males que ya se vislumbraban, medidas para “evitar, en lo posible, que las consecuencias de los errores cometidos por las entidades al conceder sus operaciones acaben siendo transferidas, de una manera u otra, a la sociedad en su conjunto”, que es justamente lo contrario de lo que se hizo.
El (mal) recurso al crédito exterior
Los inspectores ya señalaban en mayo de 2006, más de dos años antes del estallido de la crisis mundial, que España estaba en situación de alto riesgo. Decían que la financiación de la actividad inmobiliaria en España era una de las causas principales de la “extraordinaria subida” del precio de los inmuebles, pero, además, que había provocado otro tipo de problemas en las entidades de crédito españolas, que habían incrementado sus riesgos en el tipo de interés o en el de liquidez y que habían tenido que acudir al ahorro exterior para conseguir los fondos necesarios para financiar el crecimiento de su inversión crediticia.
Pero ese recurso al dinero del exterior se hizo, encima, recurriendo a vías de financiación “no tradicionales”, tales como “emisión de títulos híbridos de capital” -participaciones preferentes, deuda subordinada, etc.-; la segregación en títulos, para su posterior venta, de una parte de los activos de sus balances (“es decir, titulizando activos”), y captando liquidez a través del endeudamiento a corto plazo en los mercados interbancarios de la zona del euro.
Decían entonces los inspectores del Banco de España al Gobierno que ese recurso a esas nuevas fuentes de financiación podían tener origen podía “tener su origen en distorsiones competitivas causadas por una inadecuada gestión de las entidades con sistemas de control del riesgo más precarios” y que se podría estar produciendo un proceso de deriva en la gestión de las entidades “que ha dado lugar a una relajación generalizada de los criterios de concesión del crédito”. Y si eso era así, anticipaban que era previsible suponer que “el nivel de solvencia de estas acabe viéndose afectado una vez cambie la coyuntura y se manifieste el riesgo latente en sus carteras”.
La política monetaria podía haber corregido el problema
La situación ya pintaba mal para España dos años antes del estallido de la crisis, pero los inspectores le decían al vicepresidente que todo se podía reconducir: “El Banco de España cuenta con los medios normativos necesarios para poner freno a los crecimiento del crédito que considere inadecuados”.
Pero no se adoptaron los mecanismos correctores necesarios y ni se impidió la creciente acumulación de riesgos en el sistema bancario español derivados de la “anómala evolución del mercado inmobiliario nacional”, ni se analizó correctamente el “insostenible comportamiento de los precios de los inmuebles en España”, ni, por supuesto, se activaron las medidas necesarias para “reconducir la situación hasta hacerla aceptable”.
Lea el documento de los expertos del Banco de España (pdf)>>
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