Asprima pide a la Comunidad y al Ayuntamiento una reunión sobre las nuevas normas urbanísticas

El presidente de Asprima, José Manuel Galindo, afirmó que va a solicitar reuniones con el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Madrid para conocer los detalles de las nuevas normativas anunciadas por el Ayuntamiento y la Comunidad, que apuntan a la limitación de construir más allá de cuatro alturas, a la retirada de las competencias urbanísticas a los municipios que comentan irregularidades graves y a la imposición de un impuesto municipal sobre bienes inmuebles sobre los solares no construidos. 

"Queremos hacer las cosas bien, porque somos un sector comprometido y nos gustaría poder participar en las decisiones y ser consultados con carácter previo cuando se va a tomar una decisión en esta materia", señaló Galindo. "Nos gusta más incentivar en beneficio del interés general que la imposición de medidas coercitivas", manifestó, por lo que espera obtener información precisa sobre el nuevo rumbo de la reglamentación urbanística de la región y la capital.

Así, respecto al proyecto de ley aprobado el pasado jueves por el Consejo de Gobierno regional, que establece que retirará las competencias urbanísticas temporalmente a aquellos municipios que incumplan "gravemente" la ley , Galindo reclamó que se trate de una medida "muy extraordinaria", para casos de "reconocida gravedad y para el que no quepa ninguna duda". "Cada administración tiene su propia responsabilidad, y las administraciones titulares superiores solo deben actuar en la manera en que sean casos muy excepcionales", apuntó, puesto que de lo contrario "los privados podrían terminar por dudar de los actos de una Administración".

Coyuntura económica
Por otra parte, el portavoz de Asprima mostró su cautela respecto a medidas como la de fijar un límite de alturas en los nuevos desarrollos urbanísticos o gravar a los solares que demoren la construcción una vez tengan todos los permisos. Este tipo de reglas, dijo Galindo, pueden parecer a priori atractivas para luchar contra los incrementos de precios, pero son medidas que pueden tener efectos perniciosos en otros momentos económicos. "En un momento donde hay demanda importante, encajaría, pero el riesgo es que en recesión estés obligado a sacar al mercado un producto sin suficiente garantías", manifestó. Se trata de medidas como la Ley del Suelo, que "están bien cuando suben los precios, pero cuando ya se ajustan al IPC, ya no tienen sentido".

La norma anunciada por la Comunidad establece además que los avances de los nuevos planeamientos urbanísticos deberán ser objeto de un informe de impacto territorial, a emitir por el Gobierno regional, que valorará la influencia del desarrollo local que se propone sobre el conjunto de la región en términos de movilidad, dotaciones, infraestructuras y servicios. El texto limita las nuevas edificaciones a tres alturas más ático, aunque permite a los ayuntamientos autorizar construcciones más altas cuando sean "singulares" y se den "circunstancias especiales debidamente acreditadas"; prohíbe la celebración de convenios urbanísticos que generen cargas u obligaciones frente a terceros que condicionen el planeamiento; y suprime la figura del agente urbanizador en la región.