El gasoducto Néstor Kirchner

Hace ya un tiempo hemos dicho que lo que estamos viendo en el caso “Skanska” no es una situación excepcional: se trata de un caso emblemático que pone al descubierto la matriz de absoluta falta de transparencia y corrupción que se esconde detrás del esquema de fondos fiduciarios implementado por la administración del Presidente Kirchner. Dicen que para prueba basta un botón…

Con fecha del 23 de marzo de 2006, la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó el proyecto de ley 470-D-05, mediante el cual se denomina con el nombre ‘Presidente Néstor Carlos Kirchner’ al gasoducto que une la localidad de Boleadoras con la localidad del Calafate. ¿Cómo y cuándo se gestó este nuevo gasoducto?

El Gasoducto Kirchner se gestó en el marco del Sistema de Expansión de Obras de Gasoductos de la Provincia de Santa Cruz, cuyo acuerdo marco fuera suscripto el 12 de noviembre de 2004 por el Ministerio de Planificación Federal, representado por el Arq. Julio De Vido; el ENARGAS, representado por el CPN Fulvio Madaro; el Banco de la Nación Argentina y Nación Fideicomisos S.A., representados por la Dra. Estela Palomeque; y por BTU S.A., representada por el Sr. Ángel Félix Di Pietrantonio (el “Acuerdo Marco”). Posteriormente, con fecha 31 de enero de 2005, la Provincia de Santa Cruz, representada por su entonces Gobernador, y la empresa Distrigas S.A. (empresa cuya tenencia accionaria pertenece exclusivamente a la Provincia de Santa Cruz), adhirieron a los términos del Acuerdo Marco.

¿En qué consistía el Sistema de Expansión de Obras de Gasoductos prevista en el Acuerdo Marco? Consistía en la construcción de gasoductos y plantas reguladoras de presión en tres etapas para abastecer con gas natural a las localidades de El Calafate, Río Turbio, 28 de Noviembre, Turbio Viejo, Rospenteck, Perito Moreno y Los Antiguos. El costo total presupuestado originalmente para las tres etapas alcanzaba la suma de 7.555.660 ( millones la primer etapa, ,5 millones la segunda etapa y millones la tercer etapa).

A los pocos meses de aprobada la primer etapa -prevista originalmente en la suma de .000.000- sufre su primer incremento. Mediante el Decreto Provincial 3360/05, el presupuesto original fue ampliado en .134.584, en concepto de inspección de obra que aparentemente se habían olvidado de incluir en el presupuesto original. A continuación, y debido a un supuesto incremento de la demanda del gas en El Calafate, se volvió a ampliar el presupuesto de la obra en la suma de .071.314,42 (Decreto Provincial 218/2006).

La segunda etapa parece haber tenido similares problemas. Sin perjuicio de haber sido presupuestada en aproximadamente millones de pesos, el Convenio Específico firmado el 26 de septiembre de 2006 entre el ministro De Vido y el gobernador Sancho prevé un préstamo de la Nación a la provincia de Santa Cruz por la suma de casi 7 millones de pesos, es decir, más de millones por encima de lo previsto originalmente.

Pero no alcanzó, ya que el 22 de febrero de 2007 se vuelve a ampliar el presupuesto de la obra, esta vez en .134.584, en concepto de Inspección de Obra que, debemos creer, habían vuelto a olvidar incluir en el presupuesto original (Decreto Provincial 414/07). Curioso resulta -a lo menos- que sin perjuicio de tratarse de dos obras bien distintas, el costo de la inspección de obra sea el mismo.

El nombre que eligieron para el Gasoducto no deja de ser una anécdota. Pero es preocupante encontrar que aparece el sistema de robo por fideicomiso asociado al mismo. Las características que se repiten en casi todos los fondos fiduciarios son: (i) adjudicaciones directas por montos millonarios sin ningún tipo de control; (ii) presupuestos que sufren sucesivos aumentos –o “sobreprecios”- de varias veces el monto original; (iii) maraña de normas que vuelven prácticamente imposible desentrañar los montos involucrados en cada una de las obras; y (iv) funcionarios y empresas privadas o públicas que se repiten en casi todos los fideicomisos creados.

En el mejor de los casos, estamos sufriendo una total falta de previsión y transparencia en el manejo de estos fondos y de la obra publica en general. En el peor de ellos, dicha falta de transparencia esconde maniobras corruptas que sumadas implicarían cientos de millones de pesos. Esta ultima es responsabilidad exclusiva de la justicia. Pero la primera, la destrucción de los sistemas de robo de fondos públicos, es responsabilidad de todos. No dejemos pasar la oportunidad.

Esteban Bullrich

Diputado Nacional por el PRO