De la vida corriente

Al margen de los asuntos que llegan a merecer atenciones prioritarias, como la marcha de Rosa Díez del PSOE, o el fichaje de Rosa Díez para una nueva formación política probablemente antisocialista, o las agendas con las que cada partido político afrontan el nuevo curso, hay cuestiones de considerable interés público, como el tráfico y sus víctimas, o los apagones eléctricos.

Agosto no ha resultado, precisamente, un buen mes para el recuento de víctimas del tráfico ni, consiguientemente, para la buena prensa del carné por puntos, al que, de antemano, se atribuyeron indudables virtudes y ventajas a la hora de mejorar la circulación por carreteras y el recuento de sus víctimas. Agosto vendría a desmentir la eficacia de ese nuevo carné por sí mismo: No tiene virtudes especiales, ni por sí mismo o por sí sólo hace decrecer el número de víctimas de una conducción inapropiada, de unas vías públicas desatendidas o de una insuficiente vigilancia de los responsables de tráfico. Es evidente que los deseos del director general de Tráfico de mostrar a fin de año una atractiva disminución de las víctimas mortales -y de las otras, las que pueden terminar para pasar el resto de sus vida en un sanatorio de rehabilitación-, han registrado un traspiés en agosto. Las pantallas de la DGT que abundan en las carreteras nos vienen recordando que en lo que va de año llevamos más de 1.800 muertos en las carreteras. Probablemente son menos que cualquiera de los años precedentes, pero siguen siendo una barbaridad, un disparate, una cifra inadmisible. No basta con el nuevo carné por puntos. Las Administraciones has de poner algo más de su parte -mejores vías, más vigilantes-. Y por supuesto, el conductor, cada uno de nosotros, ha de poner muchísimo más*En materia de consumo, la Comunidad de Madrid acaba de divulgar una nueva normativa que afectará a las compañías eléctricas causantes de apagones en el servicio. 

Según lo que ha trascendido de las nuevas normas, el Gobierno regional podría multar a estas compañías productoras o distribuidoras de energía eléctrica hasta con 30 millones de euros, cifra bastante expresiva de la seriedad con la que se pretende afrontar un viejo y permanente problema, que tuvo recientemente en Barcelona una siniestra manifestación. Es decir, la Comunidad de Madrid multiplica por diez las actuales sanciones a las compañías que incumplan las garantías de suministro de la región. Sería, además, conveniente, que las sanciones se hicieran públicas, para "general escarnio" y para  forzar a que, primero, no se repitan los apagones, y en segundo lugar, forzar, asimismo, a que las compañías procuren los medios para evitar esos fallos, por ejemplo, con mayores inversiones en actualización y modernización de las redes.