Y después de marzo, ¿qué?

   Produce vértigo imaginar la que nos espera una vez abandonado el corto plazo, es decir, las próximas elecciones legislativas. Ahí nos jugamos apenas saber quién gana la carrera para habitar en La Moncloa. Desde el día siguiente a esas elecciones, el juego es averiguar cómo se construye la nueva, inevitablemente nueva, definición de España.

   Porque hay muchos signos que nos sitúan frente al abismo. Por ejemplo, esa necesidad de adecuar el Estatut catalán a la Constitución, a base de dictaminar que uno y otra son "interpretables" hasta extremos que claramente no admitirían interpretación. Y tengo para mí que la mejor manera de acabar con la Constitución de 1978 sería declarar "interpretables" sus preceptos, de manera que la coyuntura o la casuística sustituyan sin más a la letra de nuestra ley fundamental.

   Me parece obvio que la Constitución tiene pasajes anticuados, porque cuando nació, a punto estamos de celebrar el 30 aniversario, la tarea urgente era salir de una dictadura construyendo el andamiaje de una democracia monárquica y descentralizada. La mejor manera de atajar a los agoreros que aseveran que España se rompe y que la Corona, que está sometida a cien avatares y a un millón de huracanes, corre peligro, sería precisamente modernizando algunos artículos muy significativos de la Constitución. Varios de ellos referidos al Título VIII, que regula el estado de las Autonomías. Todo ello exigiría, desde luego, iniciar un proceso de reforma bajo las luces de un consenso que vaya más allá de la pelea diaria por el sufragio.

   Y, sin embargo, aunque enfocados a la política cortoplacista, los grandes partidos piensan ya en abril de 2008, una fecha que no está tan lejos, al fin y al cabo. Algunos de los más inteligentes estrategas de PSOE y PP comprenden que el 'statu quo' actual necesita de retoques para que, lampedusianamente, algo cambie para que todo siga básicamente igual. Y hay 'papeles' circulando por algunos despachos con alto contenido político, que va mucho más allá, por ejemplo, de la especulación acerca de cuántos escaños podría arrebatar a socialistas o populares una nueva formación que aparece en el horizonte. Es ese un juego que puede o no tener interés, pero es mucho menos importante, desde luego, que escudriñar el futuro acerca de si España ha de convertirse en un Estado federal, por ejemplo. O que estudiar las maneras de fortalecer un sistema monárquico en un mundo tan nuevo como el que nos viene.

   Personalmente, me conformaría con una primera fase de reformas urgentes, entre ellas algunas constitucionales y de la normativa electoral. Lo que resulta evidente es que lo que está ocurriendo aquí y ahora difícilmente cabe en los ya estrechos límites legales que regulan la macropolítica española. Hay que actuar antes de que salten por los aires las espitas.

   Ahora bien: es casi seguro que ese futuro inaplazable no va a estar en las campañas electorales que ahora van a dispararse, y eso que los grandes temas estarán presentes ya en la próxima legislatura, como, de manera algo chapucera, han estado presentes en la actual.  Habrá que ir resolviéndolos como hasta el presente, a base de improvisación más o menos genial. A menos, claro, que por una vez se impusiesen los mejores estrategas de los principales partidos sobre los demagogos y aprovechados. Pero, de momento, estamos apenas en que si Rosa Díez arrebata votos a la derecha o a la izquierda. Y en si los intentos de sacar la gente a la calle contra determinada política es una estrategia que arrastra votos o los quita. Pero la casa, la verdadera casa, sigue sin barrer. Y lo peor de todo es que más de un lector habrá leído el título de este artículo, se habrá encogido de hombros y habrá pensado algo así como "este Jáuregui, ¿no tendrá algo interesante de que escribir?".