Septiembre negro para Fujimori

Cuando el sol ya estaba alto sobre la ciudad de Santiago y se iniciaba este 21 de septiembre la primavera, en el sector norte de la Región Metropolitana el ex mandatario peruano Luis Alberto Fujimori comenzó a vivir un nuevo, oscuro y tormentoso  período de su carrera política, signada por la corrupción y el crimen. Por unanimidad de sus cinco miembros, la Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia de Chile concedió la extradición demandada por el Gobierno de Perú.

Alberto Fujimori llegó a Chile procedente de Japón el 6 de noviembre de 2005. Siendo presidente de la República del Perú  había huido a su país de origen, Japón, en el 2000, cuando era inminente su enjuiciamiento por crímenes de lesa humanidad y corrupción.
 
Ya en ese país asiático renunció mediante un fax  a la Presidencia, pero comenzó a unir eslabones que hipotéticamente lo llevarían de vuelta  al poder, entre ellos ingresar irregularmente a Chile a sabiendas de su inminente detención y procesamiento en este país. Incluso, bajo arresto domiciliario en Chile y  estando en pleno proceso la demanda de extradición,  intentó evadir la justicia o “blanquearse”  siendo candidato a parlamentario en Japón, ardid que terminó también en una derrota para el  personaje.

Era parte de la trama para volver a detentar el poder político. Es que no era la primera vez que un ex gobernante corrupto e implicado en grave violación de los derechos humanos -en América u otro continente-  podría volver a ostentar la investidura de Jefe de Estado.

Pero el ex mandatario se equivocó de escenario. La Justicia en Chile quedó marcada por las consecuencias de la  dictadura de Augusto Pinochet, pero desde el retorno a la democracia en 1991 otros vientos comenzaron a soplar y precisamente es en materia de derechos humanos donde se ha actuado con rigor (excepto en el caso del extinto dictador). No pocos militares, incluyendo altos oficiales y generales, han sido condenados en los tribunales  por violación de los derechos humanos.

Es lo que hundió, al menos en Chile, a Fujimori. De 13 casos por los cuales Perú demandaba la extradición del ex gobernante, la Segunda Sala de La Corte Suprema de Justicia aceptó siete, cinco de ellos por corrupción (con fallo dividido) y dos por violación a los derechos humanos. En estos últimos, los cinco miembros de la sala fallaron por unanimidad. Se trata de los casos Barrios Altos  y La Cantuta, el primero acaecido en noviembre de 1991, cuando fueron asesinadas 15 personas.

El caso La Cantuta, Universidad Enrique Guzmán Valle, en medio de conflictos estudiantiles, la madrugada del 18 julio de 1992 el grupo Colina (del servicio de inteligencia del ejército peruano) secuestró a nueve estudiantes, siete hombres y dos mujeres y a un profesor.  Un año después sus cuerpos fueron encontrados en fosas en Cieneguilla, en las afuera de la capital peruana. “Los desaparecidos fueron quemados en los hornos del Servicio de Inteligencia del Ejército y luego enterrados”, se denunció.

El veredicto -de más de 200 cuartillas en un año de investigación- revocó el fallo de primera instancia del 11 de julio, que había rechazado la demanda de extradición y estableció la participación de Fujimori en los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzada de personas.

“Masacres –se ha descrito en Perú- ejecutadas por el grupo Colina, un escuadrón de la muerte del Servicio de Inteligencia del Ejército, órgano controlado por Fujimori en una relación comparable a la de Pinochet con la DINA”.

Las ejecuciones, desaparición, incineración de restos y entierro en fosas clandestinas en la legislación peruana constituyen homicidio calificado, diría Francisco Soberón, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de DD.HH. de Perú.  En Chile también.

“Comparando nuestras historias, es posible asimilar la figura de Fujimori a Pinochet y la de Vladimiro Montesinos, asesor del dictador, al ex general Manuel Contreras. El Servicio de Inteligencia Nacional de Perú es como la Dina chilena, y la Operación Colombo y Caravana de la Muerte son episodios represivos a nuestro juicio asimilables a La Cantuta y Barrios Altos”, argumentaría Soberón en uno de sus viajes a Chile aportando antecedentes para la extradición de Fujimori, quien  luego, estará en el banquillo de los acusados.

Desviación de fondos, secuestros y  lesiones graves contra opositores a su régimen en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), allanamiento ilegal, interceptación telefónica a periodistas, políticos y opositores al régimen, sustracción de recursos públicos equivalentes a decenas de millones de dólares, sobornos a congresistas fueron otros de los tantos cargos que pesaron contra el ex mandatario peruano de origen asiático.

Desde tempranas horas alrededor de un centenar de periodistas de la prensa nacional y extranjera (en su mayoría de Japón y Perú) esperó la sentencia Se concentraron en los amplios y fríos pasillos del Palacio de Justicia.

En las afueras del céntrico edificio no pocos ciudadanos peruanos, miembros de la principal colonia extranjera en Chile  -entre ellos familiares de víctimas de Fujimori- esperaban expectantes el dictamen. También lo hacían otros connacionales recién llegados para conocer la decisión,  miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos.  Poco después algunos estallarían  en emociones encontradas, de alegría y llanto.

El presidente de la Segunda Sala, Alberto Chaigneau,  al dar a conocer el fallo comentó que jamás se aceptaron presiones de ninguna índole. Es el ministro de la Corte que  recientemente rechazó con un “no me importa” la crítica del gobernante peruano Alan García respecto a que los tribunales chilenos se estaban demorando demasiado.

Las cancillerías de Santiago y Lima respiraron tranquilas. Quedó despejado un elemento que causaba serias tensiones en las relaciones bilaterales.

Una negativa a la extradición habría convertido a los poderes Ejecutivo y Judicial de Chile en blanco de las más airadas reacciones en Perú y en no pocos dirigentes políticos y sociales chilenos.

Ante ese hipotético escenario, en Chile ya se manejaba la posibilidad de la deportación de Fujimori a su refugio oriental, pero ahora es enviado -cumpliéndose con la extradición- al Perú. Ahí se pone a prueba ahora a la Justicia de ese país.


:: Manuel Villar Burchard (Chile). Periodista.