Para qué sirve el Estado

El Estado español actual es “residual” o lleva camino de serlo, según gentes tan conspicuas como Pasqual Maragall. Para otras, en cambio, como el portavoz parlamentario vasco, Josu Erkoreka, ni de coña. El dirigente nacionalista define el nuestro como un Estado “voraz” que no hace más que “expandirse y crecer incluso a costa de las comunidades autónomas”, pobrecitas ellas. Como ejemplo, pone la reciente ley de dependencia, que pretende proteger por igual a todos los discapacitados españoles. En pura competencia autonómica, viene a decir nuestro hombre, los desvalidos de cada comunidad son diferentes y deben ser tratados conforme al propio rasero competencial.

Ambas opiniones, aunque opuestas, coinciden en algo muy claro: en considerar el Estado como algo nocivo, que cuanto más endeble resulte, mejor que mejor.

Vaya por Dios. El Estado contemporáneo nació precisamente para proteger al individuo de la ominosa subordinación feudal y del clericalismo teocrático del Medioevo. El Estado supuso un enorme salto hacia la libertad y la igualdad, hacia la conversión de súbditos en ciudadanos. Ahora, mírese por dónde, lo moderno, lo guay, es la diferenciación autonómica que lleva hasta erigir barreras hidrográficas en las diferentes comunidades.

Algunos países, por el contrario, están de vuelta de tanta autonomía regional, como Alemania, que pretende recortar las competencias de los länder, o Estados Unidos, que ha vivido en sus carnes la ineficacia del estado de Luisiana frente a la catástrofe del huracán Katrina. Otros más, ni siquiera pretenden aproximarse a ese lío, como Italia, que ha rechazado por referéndum una descentralización política, o Gran Bretaña, donde la autonomía aún no restablecida del Ulster no se acerca, ni por asomo, a la que lleva disfrutando Euskadi desde hace 27 años.

Aquí, Mariano Rajoy habla de reforzar el Estado y se le echan al cuello desde Rodríguez Zapatero hasta el último mindundi nacionalista. Aquí lo que se blindan son los estatutos de autonomía y hasta se entra en una puja entre comunidades para ver cuál hace mayores rebajas tributarias propias mientras, eso sí, consigue más dineros del ominoso Estado, incluso a riesgo de quebrar la solidaridad territorial.

Un Estado así debilitado es lo que favorece, precisamente, un turismo sanitario hacia las comunidades con mejor atención médica, provoca leyes chuscas como esa autonómica de expropiar pisos vacíos, permite mociones segregacionistas como la del ayuntamiento de León y hasta propicia quejas porque los alumnos van a recibir tres horas semanales de castellano a fin de que no lo hablen en Cataluña peor que el inglés.

Por eso, algunos aún creemos que, con toda la autonomía que se quiera, un Estado sólido continúa siendo garantía de libertad y que, en cambio, unos estatutos indefinidamente revisados al alza abren un camino sin retorno a no se sabe dónde.