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Afectará a uno 280 euros por 'barba' y supondrá un ahorro de un millón de euros al año

Sus señorías 'congelados' y sin fondo de pensiones

Sus señorías 'congelados' y sin fondo de pensiones

miércoles 25 de enero de 2012, 15:42h
Predicar con el ejemplo. Eso es lo que han decidido hacer las Mesas del Congreso y del Senado al acordar este miércoles suspender la aportación que ambas cámaras hacían mensualmente a los planes de pensiones de los parlamentarios, unos 280 euros por barba, lo que va a suponer un ahorro de algo más de un millón de euros al año a cada Cámara. Al inicio de la legislatura ya renunciaron a esta aportación los diputados de IU, con su coordinador general Cayo Lara a la cabeza. Estos privilegios de sus señorías habían creado entre la opinión pública una gran controversia que desembocó en que el anterior presidente del Congreso, José Bono, abriera el debate y sentara nuevas bases para hacer más transparente las actividades e ingresos de los parlamentarios que ahora deben desvelar también sus bienes y patrimonio en un registro obligatorio de acceso público. Pero, además, ambas Mesas han decidido mantener un año más la congelación de los salarios de diputados y senadores, una medida  que también afectará a los funcionarios de las dos cámaras, aunque en este último caso tiene que contar con el visto bueno de la representación de estos trabajadores.
Las Mesas del Congreso y del Senado, reunidas en sesión conjunta, han acordado volver a congelar las retribuciones de los diputados y senadores y han suprimido la aportación que las Cámaras realizan mensualmente al plan de pensiones privado creado para parlamentarios y funcionarios de ambas instituciones, todo ello dentro de las nuevas políticas de ahorro frente a la crisis económica. 

   En esta primera reunión conjunta de la legislatura, el Congreso y el Senado han decidido también no reeditar esta legislatura los grupos de amistad con Parlamentos de otros países, que venían funcionando las últimas décadas, limitándose a mantener las delegaciones parlamentarias que las representan en distintos organismos internacionales.

Iniciativa de Posada

   El presidente del Congreso, Jesús Posada, ya planteó en la Mesa de la Cámara Baja la conveniencia de acabar con la aportación al plan de pensiones para los diputados después de que el Gobierno incluyera en su primer decreto ley de ajustes la eliminación, durante 2012, de las aportaciones que las administraciones, entidades y sociedades públicas venían realizando a los planes de pensiones o contratos de seguro colectivos que incluyen la cobertura de la contingencia de jubilación de los funcionarios.

   Según se informó en fuentes parlamentarias, actualmente el Congreso destina unos 280 euros mensuales a este plan por cada uno de los parlamentarios, cantidad que equivale al 10 por ciento de su asignación constitucional. Ese mismo porcentaje se retiene en el Senado. El plan incluye un seguro de vida, otro de invalidez y un concepto denominado 'prestación de supervivencia' que se sustancia mediante un pago cuando llega la edad de jubilación.

   El año pasado, cuando el entonces presidente del Congreso, José Bono, pidió a los partidos ideas para revisar el régimen económico y social de los diputados, sólo el BNG y Nafarroa Bai pidieron que la Cámara Baja suprimiera ese fondo de pensiones, pero la idea se rechazó.

   Tras las elecciones generales del pasado mes de noviembre, los diputados de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y Unión, Progreso y Democracia anunciaron su intención de renunciar al plan de pensiones privado que la Cámara tiene contratado. Habida cuenta de que se trata de una póliza colectiva, la Mesa del Congreso les pidió entonces que formalizaran esa renuncia por escrito para que dejasen de constar como beneficiarios.

Cuarto año con sueldo congelado

   Otro de los acuerdos adoptados es la congelación de las retribuciones de los parlamentarios para 2012, una medida que se aplicará por cuarto año consecutivo y que afecta también al personal de las Cámaras. En 2010, tras el decreto ley de recortes del Gobierno Zapatero, se aprobó además una reducción de estas remuneraciones con una media del 5 por ciento, en consonancia con lo que se había decidido para los funcionarios.

   Por otra parte, las Mesas del Congreso y el Senado han dado vía libre a la reedición de las delegaciones de las Cortes en organismos internacionales de los que forman parte distintos parlamentos. Concretamente, se crearán las vinculadas al Consejo de Europa, la OTAN y la Unión Interparlamentaria, de las que formarán parte los principales grupos parlamentarios (el Mixto, en el que ahora está Amaiur, no suele tener hueco). 

   Sin embargo, no se han querido recuperar los grupos de amistad con parlamentos extranjeros que han venido encargándose de la conocida como 'diplomacia parlamentaria' en las últimas décadas y que ya vieron reducido tanto su número como su actividad en la pasada legislatura, coincidiendo con el inicio de la crisis económica.

   El motivo principal de este nuevo recorte es seguir fomentando el ahorro, si bien desde los dos partidos mayoritarios recuerdan que en la anterior legislatura estos grupos apenas realizaron visitas al exterior.

   No obstante, las comisiones parlamentarias podrán mantener sus actividades internacionales y organizar encuentros con órganos homólogos de otros parlamentos para tratar temas concretos si lo consideran oportuno, siempre bajo autorización expresa de la Mesa del Congreso.

Los recortes empezaron en 2008

   Los recortes en la diplomacia parlamentaria comenzaron ya en la pasada legislatura, cuando el número de grupos de amistad se redujo de los 18 que habían funcionado durante los cuatro años anteriores a tan sólo ocho en el Congreso (Perú, Ecuador, Marruecos, Argelia, Túnez, Turquía, China y con Rusia) y cuatro en el Senado (Francia, Túnez, Marruecos y Argelia). Este reajuste también afectó los grupos de las Cortes Generales, en los que participan tanto diputados como senadores, y que se quedaron en cinco.

   La crisis económica y la necesidad de optimizar recursos fue lo que animó al entonces presidente del Congreso, José Bono, a impulsar estos reajustes, que también tuvieron consecuencias en otros ámbitos parlamentarios internacionales como la supresión de la delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Unión Europea Occidental (UEO).
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