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La policía detuvo también a un ciudadano español

Desalojan y detienen a mapuches que ocupaban un fundo

Desalojan y detienen a mapuches que ocupaban un fundo

domingo 14 de octubre de 2007, 02:39h
Carabineros desalojó y detuvo  a 39 mapuches y a un ciudadano español que ocupaban el fundo "Wendelys" desde el viernes pasado, en la zona de Hualpín, a unos 15 kilómetros de Teodoro Schmidt, en la IX Región del país.
Posteriormente el tribunal de garantía de Temuco, en el sur del país, dejó en libertad a 31 de los detenidos, todos mayores de edad, con la medida cautelar de firma obligatoria cada 15 días en carabineros, arraigo nacional y prohibición de acercarse al predio mencionado, mientras el fiscal investiga los delito de usurpación de tierras y daños.

Respecto del ciudadano español, identificado como Álvaro Briales Canseco, quien registra ingreso a nuestro país en marzo último, se amplió su plazo de detención hasta el martes próximo.

Además, se solicitó, como medida preliminar, información a Interpol acerca de sus antecedentes, antes de su posible expulsión del país.

Paralelamente, el ex juez Juan Guzmán Tapia, quien visitó en Temuco las distintas cárceles en que están recluidos los mapuches en las localidades de Traiguén, Victoria, Lautaro y Angol, aseguró que “los chilenos le debemos al pueblo mapuche honestidad, corrección y nuestros propios medios para luchar”.
 
El ex magistrado y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Santiago, advirtió que durante la gestión de la Presidenta Michelle Bachelet la represión, el hostigamiento y la persecución política y policial contra las comunidades mapuches, sus comuneros y dirigentes se ha intensificado.

Según el ex juez Guzmán, que fue el primero en juzgar al ex dictador Augusto Pinochet, “los presos mapuches han sido víctimas de la violencia policial, de la invención de delitos y de los fiscales que, en vez de sancionarlos por hechos comunes, les aplicaron la Ley Antiterrorista”.

Esa legislación ha permitido condenar a los que hoy están recluidos. “Esto implica una abierta discriminación y una manera de torcer la ley con tal de tenerlos callados y con temor. Eso es una forma de terrorismo estatal frente a actos de protesta o demanda social legítimos”, señaló el ex magistrado.
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