Los ministros
Gallardón y
Fernández no han ocultado su enfado con el Tribunal Constitucional y su
decisión de legalizar la marca
abertzale Sortu. El ministro de
Interior, Jorge Fernández Díaz, ha manifestado que discrepa
"claramente" de la sentencia del TC, aunque apunta que el Gobierno
acata la resolución judicial. Hasta no conocer al detalle la sentencia, no se
estudiará un eventual proceso de "ilegalización sobrevenida".
"Reitero de manera muy especial que, con Sortu o sin Sortu, la izquierda
abertzale tiene que condenar
el terrorismo, pedir
perdón y la disolución incondicional de la banda", ha
enfatizado el ministro, quien ha recordado que la izquierda abertzale "ha
estado jaleando durante tantos años" los innumerables crímenes de ETA. Al
ser preguntado sobre si el Gobierno presentará nuevos informes policiales contra
Sortu, el titular de Interior ha reiterado que cuando se sepa el contenido de la sentencia
del TC, se manifestará en este sentido. "Cada día tiene su afán y hay que esperar a conocer la
sentencia", subrayó el titular de Interior al ser
preguntado por la posibilidad de un proceso de "ilegalización sobrevenida" de Sortu.
Fernández Díaz ha insistido en que prefiere esperar a conocer los razonamientos
jurídicos y los votos particulares para adoptar cualquier decisión. No
obstante, Fernández ha asegurado sentirse "profundamente cercano" a la sentencia de la Sala
del 61 del Tribunal Supremo que, en marzo de 2010, prohibió la
inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos. La postura oficial
del Gobierno la había expresado horas antes el ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón. "El Gobierno quiere manifestar que, sin perjuicio y con el
máximo respeto que tenemos al Tribunal Constitucional y del acatamiento que de
ésta, como de todas las resoluciones judiciales, hacemos, discrepamos del contenido del fallo",
dijo Gallardón. El titular de Justicia reiteró la "inquebrantable voluntad
de lucha permanente contra el terrorismo" del Gobierno, y señaló, como
Fernández, que está a la espera de conocer el contenido de la sentencia y de
los votos particulares para saber cuáles son los límites que se establecen a la participación política de
Sortu y el margen de la actuación del Ejecutivo. "Estudiaremos con profundidad la sentencia
para saber qué instrumentos se nos dan al Gobierno de la Nación para mantener
una vigilancia permanente para que en ningún caso se produzca un abuso de esas
instituciones democráticas, para
que no se produzca un fraude de ley y para que la adecuación de
las conductas a la legalidad sea permanente", subrayó Ruiz-Gallardón.
Añadió que en el Ejecutivo
"queda absolutamente comprometido" en esa vigilancia,
ya que "desde el primer momento pensaba que la sentencia" que dictó
el Tribunal Supremo en marzo de 2011 prohibiendo la inscripción de Sortu en el
registro de partidos políticos del Ministerio del Interior, era "una
respuesta adecuada" a la pretensión de la formación de ser legalizada.
El Constitucional ha
apoyado la legalización de Sortu tras un recurso de la formación abertzale. El
Pleno ha corregido, anulándola, la
sentencia del Tribunal Supremo que, en marzo de 2011, prohibió su inscripción
en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior por ser
sucesor de la ilegalizada Batasuna. Sortu supone, por tanto, el segundo
varapalo que el Tribunal Constitucional propina al Tribunal Supremo en el
ámbito de la legalización de formaciones abertzales tras la autorización de
Bildu en mayo de 2011, por un estrecho margen de seis votos frente a cinco.
Como ahora... La vieja Batasuna, que durante más de tres décadas amparó la
actividad criminal de ETA con su silencio y su colaboración, optó en 2010 por
rechazar el terrorismo como instrumento de acción política y fundar otro
partido, Sortu, en cuyos estatutos figurase ese principio. Su intención era
volver a las instituciones, de las que había sido expulsada como consecuencia
de la Ley de Partidos Políticos aprobada en 2002 contra las formaciones
vinculadas a organizaciones terroristas.
Naturalmente, la decisión
del TC provoca el enfado del Gobierno y de otras cuentas personas y partidos.
La más relevante reacción contraria probablemente fue, este miércoles, la de
UPyD y su líder, Rosa Díez, que anunció su propósito de luchar contra esta
legalización. La dirigente de Víctimas del Terrorismo,
Pedraza, también expresó
su enfado. Los dirigentes vascos son coincidentes en proclamar que la
legalización no hace sino reconocer la realidad... Los diarios de este jueves,
a su vez, se pronuncian con grados diferentes de agrado o insatisfacción. Dice
El País que el Constitucional legaliza Sortu, pero le exige respeto a las
víctimas, y que los sucesores de Batasuna serán apartados de la ley si son
ambiguos en la condena del terrorismo. La Vanguardia señala que el TC corrige al TS por vulnerar el derecho
de participación política. El Mundo anuncia la "legalización del partido de
ETA", y destaca la frase del dirigente abertzale Barrena: Hoy Sortu, mañana
presos vascos a casa... Lo imposible parece imposible hasta que se consigue.
Más beligerantes son los titulares de ABC, La Razón o La Gaceta: El TC se rinde a los proetarras: Aire para
ETA; el Constitucional blanquea a Sortu...
En El País se señala que la legalización de Sortu es un avance hacia la
normalidad y la convivencia en el País Vasco. ABC, por el contrario, habla del
"fracaso del estado de derecho", y opinas que "se hace patente la urgencia de
renovar el TC".
Victoria Prego no es menos pesimista: "Las criaturas políticas
de los etarras entran en el espacio de los demócratas mientras la banda sigue
así", escribe en El Mundo. Por el contrario,
Xosé Luis Barreiro sostiene en La
Voz de Galicia que la legalización de Sortu es el final de una anomalía. Este
diario habla de una sesión del PC bronca e intensísima, que terminó cuando el
presidente Pascual Sala tiró la toalla después de intentar evitar, durante
cuatro semanas la imagen de división... La Gaceta explica que "se comprende el
profundo malestar de las víctimas del terrorismo". Y habla de un
"Constitucional interino", cuestión que también se destaca en La Razón: Elñ 11
de julio, fecha tope `para la re novaciópn del TC. Las conversaciones PP-PSOE
están en la recta final...
O sea, habrá sido la
decisión probablemente última de un TC que agoniza, enfadado porque se han
sobrepasado todos los plazos para su renovación.
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