¿Cómo podría el Gobierno suspender la autonomía de Cataluña o impedir su consulta soberanista?

Lo que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó en rueda de prensa de Moncloa, es que lo primero que haría el Gobierno sería recurrir la convocatoria de referéndum soberanista ante el Tribunal Constitucional. Eso es sólo es un primer paso dentro de lo que llamó "instrumentos jurídicos suficientes para impedir el referéndum independentista"

Reiteró que la consulta "no sería conforme a la Constitución" y que "una cuestión así debería ser planteada a todos los españoles". Pero fue inevitable que comenzara a especularse con viejos fantasmas que nunca se han presentado pero que 'existen': la suspensión de la autonomía. Algo que nunca ha tenido que suceder en Democracia pero que la situación tensa que atravesamos podría provocar. Los mercados y las instituciones europeas están nerviosos: esto no hace sino presionar más a España por las dudas acerca de nuestra economía.

Este debate sobre la suspensión de autonomía ya empezó justo hace una semana. El jueves pasado, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, advertía al president de la Generalitat, Artur Mas, del "coste importante" de su proyecto independentista, aunque reconocía que "a día de hoy no se da" la posibilidad de suspender la autonomía catalana como han planteado algunos sectores porque "no ha habido ninguna acción legal en contra de la Constitución y del Estatuto de Autonomía". Y es que hace unos días aún no se pensaba en el extremo alcanzado ayer: "No hay que confundir un acto contrario a la Constitución con declaraciones independentistas".


Instrumentos legales

Pero hablando ya de esos instrumentos jurídicos, habría que comenzar por ese mencionado recurso ante el Tribunal Constitucional en concepto de 'conflicto de competencias' o también, un recurso de inconstitucionalidad. También cabrían las actuaciones por la vía penal por prevaricación o desobediencia al Estado.

Los expertos recuerdan que la Ley de Consultas Populares de Cataluña de 2010 constituye uno de los cauces que tiene Artur Mas para tramitar la consulta, pero se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional y se mantuvo en suspenso entre febrero y marzo de 2011. Esa ley faculta al Gobierno de la Generalitat catalana a convocar referéndum, lo que debería hacerse mediante un decreto. Dicho decreto, de considerarse ilegal (por no contar con la autorización del Estado), es recurrible por vía contenciosa ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y ante el Tribunal Constitucional. En este último caso, sería la Abogacía del Estado la encargada de presentar un eventual conflicto positivo de competencias ante el alto tribunal.


Suspensión de la consulta

El objetivo de un hipotético recurso ante el Tribunal Constitucional sería el de lograr la suspensión del decreto de convocatoria del referéndum. Esto ya se hizo con ocasión de la convocatoria de consulta sobre el futuro del País Vasco planteada en 2008 por el entonces lehendakari Juan José Ibarretxe. Eso demostraría que Artur Mas sabe de su futuro aguado, pero provoca la situación para tensar el ambiente y liderar a las masas independentistas de Cataluña y no perder votos frente a partidos que llevan esos llamamientos en sus programas.


Desobediencia al Estado

Además de estas vías, existiría la posibilidad de que, desde la Fiscalía General del Estado, se pueda actuar contra el propio Artur Mas como firmante del decreto de convocatoria del referéndum por un posible delito de prevaricación.

Si la consulta es finalmente organizada, la Delegación del Gobierno podría solicitar formalmente a las autoridades catalanas que la dejaran sin efecto, por no atenerse a la legalidad.

En el caso de que Mas insistiese en celebrarla, se le podría acusar de un delito de desobediencia y ser inhabilitado para el ejercicio de la política, convirtiéndole en un mártir político para los soberanistas catalanes.

Según la agencia 'Europa Press' y sus juristas consultados, la apuesta catalana caerá en saco roto y no se trata más que de una pose de cara a la ciudadanía y los votantes del ala soberanista. Así, pese a la trascendencia política de la iniciativa de Mas, existen instrumentos jurídicos de sobra para actuar en nuestro ordenamiento jurídico y que la Abogacía del Estado ya está "muy curtida" en este tipo de lides.


Suspensión de la autonomía

Pero la suspensión de la autonomía es el gran tema caliente. Desde 2007 circulan especulaciones al respecto, en tiempos de iniciativas de este tipo en Euskadi. El articulo 155 de la Constitución, puno 1, se dice: "Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".

Como el PP controla el Senado con mayoría absoluta, tendría fácil llegar a tal extremo, aunque el desgaste político de llegar a tomar esa decisión tendría repercusión durante décadas para el partido que ahora preside Mariano Rajoy, jefe del Ejecutivo nacional.


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