La delegada de Urbanismo quiere evitar que la zona sea una "ciudad sin ley"
Martínez pide ayuda a Comunidad y Gobierno para desmantelar la Cañada Real
lunes 22 de octubre de 2007, 13:57h
La delegada madrileña de Urbanismo, Pilar Martínez, cree que no es sólo el Ayuntamiento de la capital el que debe trabajar para evitar que la Cañada Real sea una "ciudad sin ley" sino que la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno también "tienen mucho que decir" para solucionar este "problema".
En declaraciones a los periodistas tras presidir la constitución de la Mesa por la Rehabilitación de Madrid, Martínez ha defendido que éste "no es sólo un problema urbanístico" sino también "de exclusión y de orden público" y que, por tanto, debe ser abordado por las tres administraciones, cada una desde sus respectivas competencias.
A su juicio, es un "problema urgente" porque "crece" y hay que "contenerlo y erradicarlo" cuanto antes, pese a lo cual la Comunidad no ha contestado todavía a la petición que le formularon por escrito hace un mes y medio los alcaldes de la capital y de Rivas-Vaciamadrid, Alberto Ruiz-Gallardón y José Masa, para crear un órgano interadministrativo que aborde el asunto.
Pese al retraso en la contestación, al que ya se refirió el alcalde el jueves pasado en rueda de prensa, la responsable municipal de Urbanismo está "segura" de que la Administración autonómica dará una respuesta positiva. Según la propuesta, en este órgano deberían estar representados la Delegación del Gobierno en Madrid, la Comunidad y los ayuntamientos de Madrid, Rivas, San Fernando de Henares, Coslada y Getafe, por los que atraviesa la Cañada Real, de 15 kilómetros de longitud a su paso por la región.
En la reunión de este lunes de la Mesa por la Rehabilitación de Madrid, todos los presentes -representantes del Ayuntamiento, incluido el Grupo Municipal Socialista, del Ministerio de Vivienda y expertos- estuvieron de acuerdo en pedir que se convoque una reunión sobre Cañada Real con la Comunidad, los cinco municipios afectados y el Ministerio del Interior.
Además, Martínez ha afirmado que la situación de los habitantes de la Cañada Real -donde viven no menos de 30.000 personas en unas 2.000 edificaciones, muchas de ellas ilegales- es "diversa" y por lo tanto "hay que dar una respuesta diferente a cada uno de ellos".
Ha recordado al respecto que algunos de los habitantes de la Cañada "tienen unos derechos", como los agricultores a los que el antiguo ICONA vendió a mediados de los años setenta unos 70.000 metros cuadrados de terreno en esta zona o las personas que han ido siendo realojadas allí.