En las alegaciones consideran que las medidas adoptadas por el Equipo de Gobierno en este sentido "siguen vulnerando estos principios y que esta nueva convocatoria es tan ilegal como el nombramiento efectuado mediante acuerdo de pleno en julio de 2011".
Así lo han explicado en el texto que han presentado en el juzgado, en el que especifican que la forma de convocar de nuevo esta plaza no cumple con la sentencia de 4 de junio de 2012 dado que, aseguran, "se estaría atentando contra los artículos 14 y 103 de la Constitución Española así como contra el 55 del Estatuto de la Función Pública".
Los populares manifiestan en un comunicado remitido a los medios de comunicación que "todas las deficiencias que suponían la declaración como nulo de pleno derecho de este nombramiento acordado en el Pleno de 27 de julio de 2.012 se siguen dando en la presente convocatoria".
A juicio del PP sólo falta conocer si finalmente será la misma persona quien sea designada en esta convocatoria, algo que en su opinión, "sucederá con toda seguridad".
Si eso ocurriera, en su opinión, "quedaría claro que con este proceso se deja sin virtualidad la sentencia que declaraba nulo su nombramiento".
Sin convocatoria de la mesa de negociación
El Grupo Popular recuerda, además, que sigue sin reunirse la mesa de negociación con los trabajadores, un requisito que califican de "indispensable" en cualquier caso en el que se haya producido una modificación del catálogo de puestos de trabajo "como ocurre en este caso".
Este hecho, aseguran, "supone el incumplimiento del Estatuto Básico del Empleado Público" y señalan que sobre la publicación del proceso selectivo en el Boletín Oficial de la Provincia " no basta" para suplir la exigencia de publicidad de las convocatorias, ya que la ley exige además que también se haga en el Diario Oficial de Castilla la Mancha aunque se trate de procedimientos de libre designación, como es el caso.
También explican en las alegaciones que el procedimiento de libre designación necesita una justificación dado su carácter excepcional, que tampoco se ha producido y que podría invalidar el proceso puesto que existe numerosa jurisprudencia al respecto en la que ha primado esta cuestión.
Desde el PP insisten en que el alcalde Juan Ávila "pretende practicar una vez más su política de personal favorita: el enchufismo". Aseguran que el primer edil "interpreta a su medida una vez más la sentencia de un juez". Dicen que no es la primera vez que ocurre y se remiten al caso de las trabajadores del Centro de la Mujer, "que fueron seleccionadas sin pasar la correspondiente prueba y sin cumplir los principios de mérito, igualdad y capacidad que establece la Función Pública".
Los populares solicitan que se convoque la plaza conforme a la ley y que se haga con una bajada notable del sueldo que hasta el momento cobraba el Jefe de Recursos Humanos, a quien consideran "director general encubierto".
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