El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, se ha visto abocado a iniciar los trámites para renovar el órgano de gobierno de los jueces de acuerdo con el actual modelo de elección de los vocales, ya que no ha llegado a tiempo la ley por la que se deja en suspenso el sistema vigente con el fin de aplicar el nuevo modelo propuesto por el Gobierno.
El órgano de gobierno de los jueces ha informado en un comunicado de que en la mañana de este lunes se han entregado en el Congreso de los Diputados y en el Senado las comunicaciones del presidente del Consejo en la que se informa de la necesidad de iniciar el proceso de renovación de esta institución.
La actual Ley Orgánica del Poder Judicial determina que este proceso deberá impulsarse seis meses antes de que finalice el mandato del Consejo, el cual se cumple el próximo mes de septiembre, y establece que los doce vocales de adscripción judicial serán designados entre una lista de 36 candidatos.
El Congreso dio luz verde a la suspensión de este sistema, pero todavía está pendiente su aprobación por parte del Senado. En concreto, se pronunciará sobre la suspensión del artículo 112 y, parcialmente, del 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), referidos a esta materia.
La renovación del Consejo se ha puesto en marcha así contra el deseo del ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón, que defendió la pasada semana en el Congreso de los Diputados la conveniencia de dejarla en suspenso para evitar actos que quedarán en inútiles con la aplicación del nuevo modelo en septiembre.
El Pleno del Congreso de los Diputados sacó el pasado jueves adelante, con el único voto del PP y de UPN, la ley por la que se suspendía el actual sistema de renovación.
La Cámara Baja ventiló esta suspensión temporal en un único debate parlamentario (lectura única y por el trámite de urgencia) y con el voto en contra de toda la oposición: PSOE, CiU, PNV, UPyD, Izquierda Plural y casi todo el Grupo Mixto.
El ministro Gallardón justificó el trámite elegido por una razón "técnica" e "instrumental" para evitar el "solapamiento en el tiempo" de dos leyes referidas al proceso de elección de los vocales del
Consejo del Poder Judicial.
Esta decisión fue adoptada entre las voces críticas de la oposición que rechazaban que fuese una mera cuestión instrumental al ver en ella el encarrilamiento de un modelo que "debilita" el Consejo en un momento en el que los casos de corrupción salpican la vida política, entre ella al PP. El PSOE negó la existencia de un
pacto con los 'populares' sobre el proyecto del Consejo al haber importantes discrepancias en temas "cruciales".
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