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Los funcionarios temen por sus bolsillos y los ayuntamientos por su autonomía

La propuesta de reforma local de Hacienda no tiene muy buena acogida en sus primeras apariciones

La propuesta de reforma local de Hacienda no tiene muy buena acogida en sus primeras apariciones

martes 21 de mayo de 2013, 18:33h
El borrador del anteproyecto de ley de reforma de la Administración Local conocido en febrero provocó el revuelo porque dejaba sin sueldo a más del 80% de los concejales y el nuevo texto presentado hoy -que mantiene esta cuestión-  tampoco ha cuajado. Ni a los funcionarios, ni a la Federación de Municipios, ni a la Associació Catalana de Municipis ha gustado nada la propuesta del Ministerio de Hacienda para modificar la ley. Unos temiendo por sus bolsillos y otros por la pérdida de competencias.
El texto presentado este martes a la Comisión Nacional de la Administración Local pasará después al Consejo de Estado, será a continuación aprobado por el Consejo de Ministros y remitido a las Cortes. Se espera su aprobación este mismo año y su entrada en vigor el próximo 1 de enero. Pero sus primeros pasos no han tenido muy buena acogida.

Salarios de funcionarios locales

El Gobierno ha hablado de establecer una "horquilla salarial" desde los Presupuestos Nacionales y esto ha provocado un terremoto entre los trabajadores. El sindicato de funcionarios CSI-F teme que el Gobierno aproveche la reforma de la Ley Local para homologar los salarios entre las distintas corporaciones locales y llevar a cabo de esta forma una rebaja de sueldos a sus funcionarios. Por ello, ha reclamado en un comunicado la convocatoria urgente de las mesas de negociación correspondientes para que el Ejecutivo explique con detalle esta reforma y despeje toda duda.

Desacuerdo con los municipios

El presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, ha criticado este martes el anteproyecto de ley de reforma local propuesto por el Gobierno español, pues lo considera una "invasión de las competencias locales". En declaraciones a los periodistas antes de la celebración en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) del comité ejecutivo de la ACM, Buch ha lamentado el error en el diagnóstico del Gobierno, a quien ha recordado que las medidas correctoras que propone esta reforma se aplicarán en las administraciones que generan menos déficit, como las corporaciones locales.

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, ha manifestado este martes que las cifras ofrecidas ayer por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, según las cuales el 92% de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes son ineficientes, "no se corresponden con la realidad".  Así lo ha asegurado De la Serna en rueda de prensa tras la Comisión Nacional de la Administración Local, reunida este martes para analizar la reforma local.

La fijación del coste estándar es uno de los puntos en los que, según ha explicado de la Serna, sigue existiendo desacuerdo entre la FEMP y el Gobierno, ya que en el texto presentado no se ha recogido la petición de los alcaldes de no someter unilateralmente a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes a la evaluación de sus servicios, independientemente de si son o no solventes. Además, el alcalde de Santander ha exigido que todo "lo que contemple esta ley debe ser de aplicación a las comunidades autónomas y el Estado".

De este modo, aunque el Gobierno ha aceptado tener en cuenta a la FEMP a la hora de fijar dicho coste estándar, no aceptará su petición de que sólo se sometan a este examen las entidades que no cumplan con los requisitos de estabilidad presupuestaria. Según ha explicado el secretario de Estado, Antonio Beteta, no se debe confundir equilibrio presupuestario con eficiencia y que hay municipios que pueden tener sus cuentas saneadas pero prestan algún servicio más caro de lo que deberían, según las estimaciones de Hacienda. Este es el motivo por el que el ministerio prefiere examinar a todos los ayuntamientos.

Además, Beteta ha insistido en que se negociará la fórmula para calcular este coste estándar, pero no ha sido flexible sobre el plazo de aplicación. Los ayuntamientos quieren que se les conceda un año para adaptarse a este nuevo concepto, pero Hacienda calcula que con un mes desde la entrada en vigor de la norma les bastará, es decir, febrero del año que viene. La intención del ministerio es que en el último trimestre de este año ya se haya cerrado esa fórmula de coste y que puede ser tiempo suficiente para adaptarse.

En cuanto a las competencias, tanto De la Serna como Beteta han anunciado que los ayuntamientos no quedarán vacíos de competencias como inicialmente se preveía, ya que se someterán a examen sólo aquellas con las que se pueda generar "economía de escala", es decir, que supongan un mayor ahorro cuanto más sean los ciudadanos beneficiados. Por ejemplo, el servicios del agua, pero no el mantenimiento de los cementerios.

Por otra parte, De la Serna ha recibido como una gran noticia que Hacienda suprima en el nuevo borrador la intervención directa de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, cuestión que tal y como ha recordado había generado gran preocupación. Los requisitos que se tendrán en cuenta serán, como demandaba la FEMP, los fijados en la Ley de Estabilidad.

Asimismo, De la Serna ha confirmado que el Gobierno se ha comprometido a estudiar la problemática relativa a las competencias en Educación y Sanidad que con la nueva ley pasarían a ser desempeñadas por las CCAA con financiación de los ayuntamientos. "Hasta la fecha nos mantendremos como estamos, pero con la vista puesta en una solución definitiva que ahora sí se nos aporta en el corto plazo", ha señalado.

Además, se va a incluir una cláusula para que, si en el plazo de un año las comunidades autónomas no prestan los servicios sociales que se consideren necesarios, estos puedan volver a ser ofrecidos por los ayuntamientos con financiación de las autonomías, para que no desaparezcan.

La Comisión Nacional de la Administración Local a conocido este martes el último elaborado por Hacienda y Administraciones Públicas sobre la reforma de las Administraciones Locales. El documento incluirá ahora las alegaciones aceptadas y será remitido al Consejo de Estado, para proseguir su tramitación.

Se trata de un proyecto que lleva más de un año de andadura y que aunque aunque comenzó contando con la colaboración de todas las partes, ha ido perdiendo apoyo con el paso de los meses incluso dentro de las filas del PP. También se han rebajado las pretensiones del Gobierno en algunos puntos llamativos como el número de concejales, que finalmente no se reducirá aunque inicialmente se planteó un recorte del 30%. Sí se mantiene, no obstante, que en torno al 80% de los ediles no cobrarán por su función.

En resumen, el presidente de la FEMP ha señalado que aunque en el nuevo texto hay "avances sustanciales" respecto al presentado en febrero, sigue habiendo aspectos en los que se mantienen "desacuerdos" para los que, no obstante, según De la Serna todavía queda "margen"  y "espíritu" para negociar. "Hay modificaciones muy importantes sobre los aspectos más controvertidos pero mantenemos desacuerdos en otra serie de aspectos, pero nos queda margen. Tenemos que el mismo espíritu de colaboración para que las cuestiones que no se han incorporado vayan a poder ser incorporadas en el texto definitivo", ha señalado De la Serna. En esta misma línea, Beteta ha señalado que no habido "un acuerdo global".
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