La CE no tiene poderes para decidir sobre los agentes forestales

Conviene recordar que el ejecutivo de Esperanza Aguirre mantiene un conflicto con la Administración del Estado por esta normativa.

Hace dos semanas un letrado del Estado presentó en el Tribunal Constitucional un recurso contra la Ley de Medidas Urgentes, con el objetivo de impugnar el artículo 9 de la norma regional, que impide a los agentes forestales acceder a las fincas privadas sin una autorización judicial.

Según aseguró el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) cuando el Consejo de Ministros anunció el recurso, la norma regional invade competencias reservadas por la Constitución a la legislación estatal.

Los Estados deben decidir
El comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, explicó que la reciente normativa aprobada por Madrid "no entra en el ámbito de competencia" de la Unión Europea que, subrayó, "no tiene poder para intervenir en este asunto", ya que "en virtud del principio de subsidiaridad, son los Estados miembros los que tienen que decidir qué competencias otorgan a sus agentes forestales". 

Dimas contestaba así a una pregunta parlamentaria del eurodiputado socialista Carlos Carnero que interrogó a la Comisión si conocía la legislación aprobada que, a su juicio, "impide que los agentes forestales de la comunidad autónoma de Madrid ejerciten sus responsabilidades de forma total para actuar como policías, agentes y vigilantes, garantizando el cumplimiento de las disposiciones legales que afectan a bosques, flora, fauna, caza, pesca, incendios forestales, ecosistemas y agua".

Carnero arguyó que la nueva normativa "exige que los agentes estén en posesión de una orden judicial para poder acceder a un monte privado en todos los casos", algo que asegura les "prohíbe apagar fuegos denunciados" en caso de no contar con dicha orden, a pesar de tratarse de una situación de emergencia.

Impacto negativo
En términos prácticos, el diputado socialista asegura que la ley autonómica madrileña supone que "la acción preventiva de los agentes y el control sobre sus responsabilidades se han visto anulados o rebajados en el 70% de la Comunidad de Madrid".

El diputado subrayó que "muchas de las zonas naturales protegidas por la legislación europea en la comunidad autónoma de Madrid forman parte de ese 70%" del territorio afectado por la normativa y advirtió de que, tal hecho, "tiene un impacto negativo y directo sobre la conservación de dichas zonas protegidas".