Crisis de elegancia

La cumbre de la cohesión social acabó en bronca. El peor enemigo del avance de la Comunidad Iberoamerica de Naciones –una iniciativa hispano-mexicana en su origen que ha sido asumida por todos los países iberoamericanos y se está consolidando con el tiempo– son precisamente los que más pueden hacer por su definitiva institucionalización, es decir, los propios jefes de Estado y de Gobierno participantes. Es obvio que los mandatarios, con sus diferencias e intereses particulares, pueden empañar los avances que ellos mismos estan llamados a protagonizar. Así parece, por desgracia, que va a ocurrir con el último encuentro iberoamericano de Santiago de Chile, impecablemente organizado por la diplomacia chilena y brillantemente conducido por la presidenta Bachelet. El éxito de participación de los mandatarios, el lema de la cohesión social propuesto en esta edición y la discusión de los primeros frutos de la coordinación efectiva de los países, merecían sin duda un final más elegante del que se ha producido.

El incidente de la reunión plenaria, retransmitido por televisión, ha consiguido difuminar en un momento los significativos resultados de la cumbre, incluidos formalmente en la Declaración de Santiago de Chile. El meritorio trabajo de Enrique Iglesias y su Secretaría Permanente Iberoamericana, logrando incluir un acuerdo de Seguridad Social común, así como las relevantes aportaciones económicas españolas al desarrollo, con un necesario centro permanente de distribución humanitaria en Panamá, apenas han trascendido a la opinión pública. Todo el protagonismo ha sido para la bronca, y mucho nos tememos, que la cosa no acabe y tenga sus corolarios en los próximos meses.

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fiel a su dudoso estilo camorrista, pretendió acaparar la atención con destemplados ataques a José María Aznar y extemporáneas valoraciones sobre conversaciones privadas. El primer damnificado de una actitud de este tipo es el propio presidente Chávez, que viene a dar la razón a sus críticos, dentro y fuera de Venezuela, y hace un flaco favor a su “revolución bolivariana” del autodenominado “socialismo del siglo XXI”. No es aceptable en las relaciones internacionales que un jefe de Estado falte al respeto de cualquier otro gobernante democrático. Las propuestas o críticas, para que tengan valor y sean tomadas en consideración, hay que exponerlas con mesura y responsabilidad. La elegancia tampoco está de más. Aquí lo de menos son las razones en que se pretendan amparar o excusar las ofensas. Como es sabido, las injurias no admiten “exceptio veritatis”. El poco lucido papel de la diplomacia española en el golpe de Estado de abril de 2002, que derribó a Chávez de la presidencia durante unas horas, no justificaría en absoluto el insulto. Y poco importa si la implicación española apoyando a los golpistas fue cierta o falsa, bien lo sabe el propio ministro Moratinos, cuyo desliz sobre estas confusas circunstancias casi le costó el puesto recién estrenado.

El rey de España respondió, en un arranque destemplado y autoritario, mandando callar al presidente Chávez, y reforzando esta actitud abandonando seguidamente la sala. El gesto ha sido visto con simpatía por los extensos sectores anti-chavistas de allá y de acá, y por quienes en España reclaman al rey una participación activa en la vida política. Sin embargo, creemos que, en esta ocasión, el monarca no ha estado afortunado, arrogándose un papel moderador que estaba ejerciendo en ese momento la presidenta de Chile. El gran acierto de la Constitución de 1978 fue situar a la Corona como una institución de gran poder simbólico, pero vaciada absolutamente de poder efectivo. El éxito ha sido evidente en estos treinta años de Democracia, contribuyendo D. Juan Carlos con un comportamiento ejemplar. Las salidas de tono se restan automáticamente de ese poder simbólico, que no concede la ley, sino el reconocimiento popular, en España y en América. Un rey involucrado en la política, con independencia de las razones que le asistan, no es una buena noticia para la Monarquía Parlamentaria y su fundamental carácter de institución moderadora. Forma parte del oficio regio moderno, representando a tan alta institución, estar elegantemente por encima de toda circunstancia.

El portavoz de fin de semana del Partido Popular, el joven Gabriel Elorriaga, tampoco ha brillado por sus formas sensatas y elegantes. Inmediatamente después de conocerse el incidente, acompañado de un implacable documento audiovisual, ha salido para echar la culpa al gobierno Zapatero por “sus relaciones con dictadores”, tildando al propio jefe del Ejecutivo español de “pusilánime”. Una interpretación mezquina, incapaz de reconocer en el adversario político un gesto digno, que difícilmente se ajusta a la realidad de lo sucedido, y que será convenientemente valorada por la ciudadanía. La urgencia y la precipitación del vocero popular le impidió reparar en que quienes tienen que responder de sus declaraciones o comportamientos son precisamente quienes las emiten o los protagonizan.  

Y en toda esta crisis de elegancia, que me perdonan los estrategas electorales de la calle Génova, destaca la intervención del presidente Zapatero, el único que consiguió estar a la altura de las circunstancias, respondiendo con seriedad y rigor, no exenta de elegancia, a la provocación de Chávez. También hay que destacar la justa reacción de Aznar –el verdadero vilipendiado en el incidente–, reconociendo el papel institucional del presidente del Gobierno, y corrigiendo así a sus jóvenes e impacientes valedores.