Una tarea sin tregua

La aprobación en el Parlamento español de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ha supuesto un hito en nuestro ordenamiento legal y en cuanto a la percepción pública de un problema que, ya en 1980, la II Conferencia sobre las Mujeres, patrocinada por la ONU, había situado en sus más exactos términos al señalar que “la violencia de género contra las mujeres es el crimen encubierto más frecuente en el mundo”. Desde esa fecha  han sido varias las iniciativas que en distintos ámbitos han ido profundizando en la toma de conciencia —y en la toma de decisiones— acerca de una situación y de unos hechos absolutamente inaceptables e indignos de cualquier sociedad merecedora de este nombre.

La misma Asamblea General de las Naciones Unidas  ha tomado cartas en el asunto con declaraciones y campañas instando a los Gobiernos del mundo a adoptar medidas integrales e integradas con el fin de prevenir y eliminar ese tipo de violencia. Hace diez años el Parlamento europeo, por su parte, puso en circulación el lema “Tolerancia 0 ante la Violencia de Género contra las Mujeres”, a partir de cuya proclamación se vienen desarrollando programas de acción comunitaria para combatir esa lacra que constituye una flagrante violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

La ley española, a punto de cumplir tres años desde su entrada en vigor, está siendo importantísima en la lucha contra unas conductas delictivas y criminales para cuya erradicación se requiere la colaboración y el esfuerzo del conjunto de la sociedad y de sus organizaciones representativas. En este sentido, para UGT son prioritarias, además de las acciones específicas que contempla la norma legal, todas las políticas que impulsen la igualdad real entre mujeres y hombres en los diferentes espacios sociales, sobre todo en los familiares y, desde luego, en el ámbito laboral en el que la negociación colectiva tiene que jugar un papel determinante en este aspecto. Porque es precisamente la desigualdad que expresa un muy determinado orden social —es decir, un desorden social— la que genera en última instancia aquella violencia basada en modelos organizativos machistas conceptualmente arcaicos, pero todavía, por desgracia, vigentes en unas determinadas mentalidades de nuestras sociedades contemporáneas.

Por todo ello, y dada la complejidad del problema, la Ley contra la Violencia de Género, así como la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, son instrumentos no ya utilísimos, sino imprescindibles y fundamentales en una lucha a la que, por añadidura, dado el carácter imperativo de las normas legales, sirven de acicate, empuje y motivación para todas las iniciativas que, colectivamente y bajo su amparo, se puedan poner en marcha al respecto.

Porque siendo un problema gravísimo que necesita el compromiso y la implicación de toda la sociedad, de los distintos sectores de la misma y, por supuesto, tanto de las mujeres como de los hombres, las potencialidades de la norma legal significan además la continuidad de una estrategia a todos los niveles en la que las medidas coercitivas deben conjugarse con las educativas y concienciadoras, y en que las políticas institucionales de las diferentes Administraciones deben proteger, respetar y alentar la participación de las diferentes organizaciones sociales en este combate que tiene que ser ininterrumpido y sin tregua y al que nadie puede hurtar su esfuerzo ni su colaboración.

Mucho se ha avanzado en estos años desde la aprobación, en 2004, de la citada Ley —estatal— contra la Violencia de Género. Por citar únicamente un par de datos, que no suelen ser noticia en los medios de comunicación, es bueno recordar y subrayar que en dos años han sido condenados casi 50.000 hombres agresores y que, desde 2002 a 2006, el número de denuncias interpuestas ha aumentado en más de un 70%, cifras nada desdeñables que indican con elocuencia unos cambios notables tanto en la adopción de decisiones y medidas como en su repercusión práctica y concreta.

La persistencia, sin embargo, de la muerte de mujeres como consecuencia de esta forma de violencia, que ya ha dejado hasta ahora 84 víctimas mortales en España en 2007, así como las continuas agresiones que sufren otras muchas —agresiones todas ellas gravísimas por cuanto el daño físico causado es siempre inseparable del daño moral y de la humillación sufridas que, en muchas ocasiones, pueden dejar secuelas no menos importantes que las directamente físicas—, dibujan una situación que nos exige mantener no sólo una vigilancia constante, sino el firme compromiso de no cejar en un esfuerzo que, como decimos, tiene que ser continuado, de asumir plenamente que es ésta una tarea que no admite descansos y en la que no cabe relajación alguna, ni siquiera en los gestos más habituales, empezando por el lenguaje cotidiano que empleamos todos los días.

Por eso, y cuando estamos a punto de celebrar un año más, el inmediato 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género, parece un momento especialmente oportuno para comentar alguna circunstancia que, dada la dramática gravedad de esta situación que padecen todavía muchas mujeres, no parece muy ejemplar y, por ello mismo, debería corregirse más pronto que tarde. Estamos aludiendo al reparto del fondo estatal de que disponen las Comunidades Autónomas para atender la problemática relacionada con la violencia de género. Según los datos referidos a los últimos años, son una mayoría de estas Comunidades las que, al finalizar cada ejercicio, no han consumido todo el dinero disponible para hacer frente a la misma.

En 2005 fueron diez las Administraciones autonómicas que no agotaron ese fondo, mientras que en 2006 han sido once las Autonomías a las que les ha quedado un remanente de importantes cantidades de dinero no empleadas para los objetivos a que estaban destinadas. En el primero de los años citados no se usaron 2 millones y medio de euros de los 10 millones previstos, y en 2006 fueron casi 750.000 euros los no gastados, lo que supone una mejora en el empleo de ese fondo que, sin embargo, no corrige del todo la situación.

Es cierto que pueden existir desajustes técnicos que justificarían en alguna medida que se produzca un pequeño remanente —por ejemplo, el hecho de que 2005 fue el primer año en que la Ley contra la Violencia de Género estuvo vigente—; un remanente, decimos, que en ningún caso debería ser de ese montante de dinero, así como tampoco es razonable que sean tantas las Comunidades que no usan todos los recursos de que disponen para afrontar con la urgencia y la intensidad que requiere un problema de esta gravedad y repercusión. Descendiendo al detalle se comprueba que en el caso de nuestra región las cifras al respecto no son muy alentadoras, porque es Madrid la Comunidad que registra una menor utilización de esos recursos estatales de los que dispone. Si en 2005 de 1.349.838,83 euros asignados, dejo de ejecutar 248.738,31, en el pasado 2006 ha supuesto un 25% la cantidad que no ejecutó la Administración regional o, lo que es lo mismo, que de 1.577.419,87 euros provenientes de la aportación estatal, se dejaron de ejecutar nada menos que 390.675,30 euros. La conclusión es sencilla. En una tarea en la que está en juego la vida y la integridad física y moral de muchas mujeres, y la propia dignidad del conjunto de la sociedad, no se puede desperdiciar ni un solo euro ni ningún tipo de esfuerzo. Es un requerimiento social de los ciudadanos madrileños y, desde luego, una exigencia de la Organización a la que representó.

José Ricardo Martínez Castro
Secretario General de UGT-Madrid