El técnico municipal, que ha comparecido ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz como testigo en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del PP, ha explicado que el contrato se suscribió sin el "preceptivo" informe de fiscalización de la Intervención del Ayuntamiento, que no se incorporó al expediente hasta 2008, cuando él mismo advirtió de que el anterior acuerdo era "nulo de pleno derecho".
"Los expedientes de tramitación en todas las administraciones públicas, antes de adoptarse, deben siempre llevar los correspondientes informes preceptivos y, en este caso, también el de fiscalización", ha explicado Sánchez Rubio a su salida de la sede judicial.
Según un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) que obra en la causa, el nuevo contrato se aprobó "omitiendo total y absolutamente el procedimiento legalmente establecido y careciendo de los informes preceptivos", por lo que sería "nulo de pleno derecho".
"Un acuerdo para salvar el Corpus", asegura Molina
El exalcalde de Toledo José Manuel Molina, que ha declarado como imputado, ha negado la supuesta comisión de 200.000 euros denunciada por Bárcenas y ha defendido la modificación del contrato, que fue revisado al alza el 21 de mayo de 2007 --cuatro días antes de las elecciones municipales--, por la "alarma social" que había generado la huelga que hicieron los trabajadores de Sufi en vísperas de la celebración del Corpus.
"Había que llegar a un acuerdo para salvar el Corpus", ha señalado, según las citadas fuentes. Para incorporar estos incrementos salariales, el entonces concejal de Hacienda, Lamberto García Pineda, firmó un acuerdo con la empresa que comprendía un sobrecoste de 11,4 millones de euros en el contrato, suscrito por un importe de 6,13 millones de euros anuales durante un periodo de diez años.
Molina, que está imputado por los delitos contra la administración pública de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, también ha explicado que sabía que el protocolo iba a "obligar" al Ayuntamiento a asumir los sobrecostes aunque los ha justificado por la situación que provocó la huelga, que, según ha reconocido, sólo duró un día.
Page: El acuerdo se ratificó "para evitar más gasto"
El acuerdo aprobado por el Gobierno municipal del PP fue refrendado en noviembre de 2007 por el Gobierno entrante del socialista Emiliano García-Page. Durante su declaración como testigo, el secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha ha asegurado que el acuerdo se ratificó para "evitar más gasto", ya que existían cláusulas que obligaban a la empresa a indemnizarla en el caso de que el contrato no se cumpliera.
Tras apuntar que el nuevo equipo intentó hacer el menor daño posible a las arcas municipales y dosificar el sobrecoste en varios ejercicios, García Page ha señalado que se vio en la "obligación" de ratificar el contrato que le había dejado su antecesor. "Los costes laborales siempre los acaba asumiendo la Administración", ha señalado, según fuentes presentes en la sala de vistas.
También ha comparecido como testigo el diputado del PP Sebastián González, que ha asegurado que, aunque habló con Bárcenas "de muchas cosas" en aquella época, nunca le transmitió el supuesto interés por parte de Cospedal de plantear "un tema relacionado con el señor Molina y algo relacionado con Toledo", como señaló en su declaración el extesorero.
Bárcenas vinculó el contrato a una donación para la campaña de Cospedal
En su declaración ante el juez Ruz del pasado 15 de julio de 2013, Bárcenas vinculó este contrato a una donación para sufragar la campaña de la candidata del PP de Castilla-La Mancha y secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal. El extesorero dijo que las entregas de dinero que recibía el PP "jamás fueron finalistas, salvo una, en Castilla-La Mancha".
Según el extesorero, Cospedal se encargó de poner en contacto al entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, y el consejero delegado de la firma y actual presidente, Manuel Manrique, con Vicente Tirado, secretario general del PP de Castilla-La Mancha.
El gerente del PP castellano-manchego, José Ángel Cañas, redactó en febrero de 2007 un recibí por importe de 200.000 euros aunque aseguró ante el juez Ruz que lo hizo "al dictado" de Bárcenas, al que llegó a calificar de "violento", y sin llegar a percibir nunca ninguna cantidad.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 tomará declaración como testigos mañana, martes, a cinco trabajadores de la empresa adjudicataria del contrato: Pedro Sigüenza Hernández, María de la O Terciado, Pedro Caballero, Manuel Fueris y Juan Carlos Uzán.
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