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El Gobierno se niega a eliminar aforados... por falta de consenso

El Gobierno se niega a eliminar aforados... por falta de consenso

miércoles 17 de diciembre de 2014, 15:28h
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha admitido este miércoles que el Gobierno ve "demasiado alto" el número de aforados que hay en España, pero ha asegurado que en este momento no hay consenso suficiente para acometer una reforma puntual de la Constitución para suprimir esa figura jurídica a los diputados y senadores, así como a los miembros del Gobierno.
Ésta es la respuesta que Catalá ha dado a la portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, quien le ha propuesto en el Pleno del Congreso llevar a cabo una reforma exprés de la Carta Magna, en concreto de los artículos 71.3 y 102.1, para suprimir lo que considera que es un "privilegio" político "anómalo" en nuestro entorno europeo.

"En un Estado social, democrático y de derecho no tienen cabida privilegios y menos cuando obstaculizan la lucha contra la corrupción política", ha dicho la líder magenta, quien ha criticado que en España, lejos de reducirse, los aforamientos se hayan incrementado exponencialmente hasta llegar hasta los más de 17.000 aforados políticos de los que hablaba el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.


"No es que parezcan mucho, es que son muchos", máxime, ha dicho Díez, si se compara con Portugal e Italia, donde sólo está aforado el presidente de la República, con Francia, donde lo están sólo los  miembros del Gobierno, o con Alemania y Reino Unido, países en los que no hay aforamiento político alguno.


"Hay que dar ejemplo empezando por nosotros mismos"

Por ello, la política vasca ha insistido al titular de Justicia en la necesidad de realizar una reforma exprés de la Constitución en aras de suprimir los aforamientos de parlamentarios y miembros del Gobierno, "a la misma velocidad" que se hizo en verano de 2011 con el artículo 135, el que prioriza el pago de la deuda, aunque sin la misma "nocturnidad y alevosía".

Se trata, ha defendido Díez, de que los políticos "den ejemplo" a unos ciudadanos "cada vez más exigentes" y que lo hagan empezando por suprimirse a sí mismo esta protección jurídica. "Empecemos con nosotros y así nos creerán", ha remarcado.


En su turno, el ministro ha recriminado a Díez que sitúe el aforamiento como "cómplice de la corrupción" y ha querido dejar claro una vez más que esta figura no constituye "en absoluto" una "ventaja" ni supone que el aforado vaya a dejar de ser enjuiciado, sino que "simplemente lo será en un órgano jurisdiccional distinto", esto es, en el Tribunal Supremo o en los tribunales superiores de justicia autonómicos. Es más, ha apuntado que puede suponer una "desventaja" en tanto en cuanto el afectado no puede recurrir a una segunda instancia.


Catalá ha cuestionado que la formación magenta quiera abordar los aforamientos comenzando por suprimir "los más complejos" porque, a su juicio, "no es tan fácil" constituir en este momento los consensos necesarios para una reforma constitucional en ese sentido. "De los más de 280.000 responsables públicos que están aforados sugieren una supresión que afectan a poco más de 600 --ha dicho a UPyD--. Pretender que ese consenso se alcance con una reforma puntual de los artículos citados me parece poco realista".

Dudas sobre abordar sólo los aforados políticos

El titular de Justicia ha defendido que el Gobierno está dispuesto a trabajar para reducir el número de aforados, pese a considerar que no existe colectivo con aforamiento "sin causa detrás", pero ha mostrado sus dudas con abordar sólo los políticos.


"Trabajemos para constatar si hay una propuesta seria y viable", ha dicho Catalá, quien ha pedido primero identificar por dónde hay que empezar con la eliminación de los aforamientos y ha señalado que quizá la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial podría ser la vía para comenzar a debatir para tratar de conseguir consensos en ese sentido.


La interpelación que Rosa Díez ha dirigido este miércoles a Catalá dará lugar a la votación de la subsiguiente moción en el siguiente Pleno del Congreso, ya sea a finales de enero o bien en febrero, en el próximo periodo de sesiones.
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