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El ministro de Justicia defiende las candidaturas electorales 'marcadas' por la Justicia

El ministro de Justicia defiende las candidaturas electorales 'marcadas' por la Justicia

> No ve inconveniente jurídico en la candidatura de Ignacio González y defiende la inclusión de León de la Riva e Imbroda en las listas del PP pese a sus imputaciones
> De forma paralela, María Dolores de Cospedal ha ratificado la candidatura murciana de Pedro Antonio Sánchez, pese a las actuaciones de la Fiscalía en su contra 

jueves 05 de marzo de 2015, 16:38h
El PP llevará finalmente imputados en sus listas electorales. León de la Riva recibió el definitivo visto bueno del PP para ser cabeza del cartel electoral de Valladolid, pese a que ya tiene fecha para sentarse en el banquillo; Génova no ha dejado de defender al imputado melillense, Juan José Imbroda, y este jueves se han producido dos nuevos movimientos para restar importancia a los escándalos judiciales. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido la inclusión de imputados en las listas y ha insistido en que no existen impedimentos jurídicos a la candidatura de Ignacio González a la Comunidad de Madrid. Por otro lado, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha ratificado a Pedro Antonio Sánchez, para encabezar la lista de Murcia pese a estar investigado por la Fiscalía.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este jueves que no existen temas judiciales que impidan que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, pueda concurrir como candidato en las próximas elecciones municipales. "Me parece que estamos más en un plano de medios de comunicación y de opinión pública, que me parece muy legítimo en una sociedad abierta, pero no tiene nada que ver con aspectos jurisdiccionales", ha indicado Catalá.

De la Riva, Imbroda y Sánchez

Catalá también ha defendido a dos 'populares' imputados ya citados por la Justicia. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha señalado que los órganos internos del PP han valorado que no hay motivos que inhabiliten al alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, a presentarse a la reelección pese al juicio que afrontará el 27 de abril, cuando será juzgado por un delito de desobediencia.

Según Catalá, los órganos internos que se ocupan de las candidaturas en el PP han valorado que la situación procesal del actual alcalde de Valladolid "no le inhabilita para que inicialmente en este momento que es cuando hay que tomar decisiones de listas, llevarle como candidato". Eso sí, ha añadido, "sin perjuicio de que si hay alguna evolución negativa en ese proceso penal pueda modificarse esa situación".

Para el titular de Justicia, la valoración de la situación actual del proceso y las circunstancias "no justifica una descalificación de un profesional mientras no haya una acreditación suficientes para su inhabilitación".

Al respecto, Catalá ha manifestado que la imputación de un político, como es el caso del presidente de Melilla, Juan José Imbroda, "no puede llevar consigo una tacha anticipada de culpabilidad".

El Tribunal Supremo ha citado como imputado para el próximo día 11 a Imbroda (PP), para tomarle declaración en relación con un supuesto delito de prevaricación en la contratación irregular de un abogado por parte de la ciudad autónoma. "A lo mejor se le archiva", ha dicho Catalá que ha subrayado que si esto se produce "¿por qué no va a ir en la lista si la causa que tiene se archiva?".

Por ello, ha defendido que "la mera imputación no debería significar la exclusión de responsabilidades públicas" porque se "están conociendo imputaciones que se archivan".
De forma paralela, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha ratificado la candidatura del actual consejero de Educación y Cultura, Pedro Antonio Sánchez, a liderar la lista del PP en la Región de Murcia, en medio de otra polémica judicial.

La nominación llega en medio de un tira y afloja entre el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, los Juzgados de Lorca y la Fiscalía para dilucidar qué órgano se encargaba de dar cauce a la querella presentada por la Fiscalía contra Sánchez en relación a presuntos delitos de prevaricación en un concurso convocado para la adjudicación de un auditorio en Puerto Lumbreras. De este modo, si bien su candidatura oficial está libre de una imputación formal, podría sufrir un giro de aquí a las elecciones del 22 de mayo.

Compromiso anti-imputados

Si bien en la propuesta de regeneración democrática del PP y en su Código de Buenas Prácticas del PP no se excluye directamente a los imputados, algunas regiones sí que han establecido el compromiso de no llevarlos en sus listas. Es el caso del valenciano Alberto Fabra que ha presumido abiertamente de la "ejemplaridad" de su partido tras la dimisión de 12 diputados autonómicos imputados.

El PP también se 'deshizo' de la polémica alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y del vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, sin embargo aún le quedan muchos flecos pendientes. Es el caso del vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, que se tendrá que sentar en el banquillo y aún mantiene su 'sillón público' con el beneplácito de la alcaldesa, Rita Barberá.

En el Código de Buenas Prácticas únicamente se especifica la necesidad de presentar una declaración jurada confirmando que "no existe ninguna causa jurídica que le inhabilite [atendiendo a la legislación vigente que no excluye a los imputados] para participar en un proceso electoral, ni alguna situación de posible conflicto de intereses, en caso de resultar electo, con su persona, los intereses privados de los que es titular, o los de sus familiares directos o personas con intereses compartidos con él".


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