La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) rechaza la ley de Seguridad
Ciudadana, aprobada hoy por el Congreso de los Diputados con los votos
del Partido Popular, por sancionar la toma de fotografías o la grabación
de agentes y fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones.
La penalización queda establecida en el artículo 26, que califica de infracción grave "el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información."
La ley establece para las infracciones graves tres grados: el mínimo comprenderá la multa de 601 a 10.400 euros; el medio, de 10.401 a 20.200 euros, y el máximo, de 20.201 a 30.000 euros.
La APM considera que esta ley atentado contra los derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la información, pilares fundamentales de todo sistema democrático.
La APM recuerda que el artículo 8 de la Ley Orgánica del Derecho al Honor, a la Intimidad y a la Propia Imagen establece que no se reputarán, con carácter general, intromisiones ilegítimas la captación, reproducción o publicación de imágenes de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública, y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público.
La Ley de Seguridad Ciudadana olvida que el pleno respeto a la libertad de expresión, a la libre difusión de ideas y al ejercicio del derecho a la información, fortalece la democracia y previene contra posibles abusos gubernamentales de poder.
Los Gobiernos, como representantes de los ciudadanos, tienen el deber de crear las condiciones que permitan y garanticen el ejercicio de tales derechos constitucionales que amparan tanto el ejercicio profesional del periodismo como el derecho del ciudadano a tener conocimiento de los hechos que suceden en su entorno.
Con esta ley, el Gobierno enfila el camino contrario al promover normas que plantean serias amenazas a tales derechos, además de un horizonte de sanciones que pueden derivar en intolerables presiones a los medios.
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