11-A: marcha contra la privatización del Registro de la Propiedad y el regalo de cuatro millones

Gallardón sigue ganando batallas después de su muerte política. Porque una de sus medidas cuando era ministro de Justicia, que no tuvo demasiado eco en su momento porque había otras de mayor calado social como la reforma de la ley del aborto, acaba de saltar al Boletín Oficial del Estado, este martes 7, y, por tanto, ya está en vigor. La que encomienda a los registradores de la propiedad varias de las tareas ajenas hasta ahora para ellos, como la gestión de expedientes de nacionalidad y del Registro Civil.

Aunque, eso sí, en su momento el antecesor de Rafael Catalá habló de que esas gestiones no supondrían gasto para quien las solicitase ni tampoco para las arcas públicas. Pero desde este martes, ya no es así en parte. Porque el Estado les va a compensar con  un total de cuatro millones de euros, distribuidos a través del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles para gestionar algo que por lo que hasta ahora recibían cantidad alguna.

Pero, al leer el BOE se comprueba, comprueba, como publica el diario El País, que hay otras medidas que se han ido adoptando para aumentar los ingresos de los registradores de la propiedad: "Por ejemplo, creando nuevos aranceles y gestiones obligadas en el registro". El mismo Ejecutivo, a través de Justicia, admite que ahora se les va a pagar esa cifra, pero se excusa en que es una especie de ayuda para que la inviertan en mejorar sus sistemas informáticos.
Por ello, desde la denominada Cumbre Social, donde se recuerda que Rajoy es registrador de la propiedad en excedencia en Santa Pola y nunca ha dejado clara su situación exacta de si le cobra a su sustituto o no a pesar de las preguntas parlamentarias de Gaspar Llamazares, un conjunto de organizaciones, como los sindicatos UGT y CCOO, Jueces para la Democracia, el Consejo General de la Abogacía,  han convocado una manifestación para este sábado en Madrid, a partir de las 12 de la mañana, y que marchará desde Cibeles al propio Ministerio de Justicia.