Hacienda, "perpleja" porque Anticorrupción no ve delito del PP por su 'caja B'

En un comunicado, Gestha ha manifestado su sorpresa por el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción haya omitido la conclusión de un informe del perito de la Agencia Tributaria que determina que en 2008 el PP dejó de ingresar por el Impuesto sobre Sociedades 220.167,4 euros, "por encima del umbral del delito contra la Hacienda Pública".

Igualmente, los Técnicos de Hacienda consideran un "evidente error de planteamiento" tanto la exención de tributar como la opción económica aceptada por la Fiscalía. En el escrito provisional de acusación presentado el lunes, el Ministerio Público pide el archivo de la causa contra el PP, aunque lo considera "responsable civil subsidiario" de los delitos que habrían cometido sus ex tesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, para quienes reclaman 5 años de prisión, por pagar en negro las obras de su sede central.

Para explicar su postura, Gestha ha recordado que, en la financiación de los partidos políticos, "solo quedan exentas las donaciones privadas que cumplan con el criterio de transparencia legalmente marcado, estando, por el contrario, sujetas a tributación las donaciones que no se adecuen a los requisitos de forma y cuantía establecidos por la ley".

Asimismo, ha indicado que recibir una donación ilegal constituye una infracción muy grave a la Ley de Financiación de Partidos Políticos y que esta situación "impide gozar de un beneficio fiscal", porque en este caso se habla de "deducir gastos delictivos o radicalmente prohibidos por el ordenamiento jurídico".

En cuanto a la opción económica del cálculo del Impuesto sobre Sociedades, el sindicato ha señalado que los partidos políticos no necesitan incurrir en gastos para obtener o no donaciones y que no se pueden admitir gastos estimados en 778.148,01 euros porque no existen facturas ni están contabilizados.

Los Técnicos de Hacienda apuntan también que de los 888.000 euros con los que en 2008 se pagó en B una parte de la reforma de la sede se podrían deducir fiscalmente gastos con los requisitos legales, pero "en ningún caso las inversiones realizadas". Por último, han afirmado que en un asunto penal el Impuesto sobre Sociedades "debe calcularse con criterios exclusivamente jurídicos, y no económicos".

IU pide 21 años de prisión para Lapuerta, 19 para Bárcenas y 15 para Acebes


Izquierda Unida (IU) y el resto de asociaciones que presentaron la querella por la que se investiga la contabilidad B del Partido Popular (PP) ha solicitado 19 años y siete meses de cárcel para el ex tesorero de la formación Luis Bárcenas y que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declare como testigo en un futuro juicio.

Así consta en el escrito provisional de acusación de IU, que está dirigido contra un total de 26 personas, entre los que se encuentran todos los constructores que supuestamente realizaron donaciones al PP; el también ex tesorero Álvaro Lapuerta, para el que solicita 21 años y siete meses de cárcel; y el ex secretario general Ángel Acebes, para el que pide una pena de 15 años y siete meses de cárcel.

La coalición de izquierdas, que considera al PP responsable civil subsidiario de los delitos presuntamente cometidos por sus tesoreros por un importe de 6,6 millones de euros, también reclama que comparezcan en la vista oral como testigos la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y sus antecesores Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos.

Los querellantes atribuyen a Acebes los delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, falsedad contable, fraude fiscal, falsedad de fondos electorales y falsedad en documento mercantil y a Bárcenas y Lapuerta estos mismos más el de apropiación indebida.

"Una organización criminal en seno del PP"

En su escrito IU destaca la "existencia de una organización criminal en el seno del Partido Popular" que tenía "un plan criminal específico" para financiar a la formación al objeto de garantizar sus "victorias electorales" para que "gobernara durante el mayor tiempo posible el mayor número posible de instituciones del Estado". De esta forma, según la formación de izquierdas, los empresarios que realizaban donaciones se aseguraban "la concesión de un volumen constante y elevado de contratos de obras públicas" que en la mayoría de los casos eran "innecesarias" por "no responder a las necesidades del país".

Para poner en marcha este plan el PP dispuso al menos entre los años 1990 y 2008 de "un sistema de financiación ajeno al circuito económico legal o caja B que, a través de aportaciones efectuadas con vulneración de la normativa reguladora de la financiación de partidos políticos, fueron efectuadas por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas".

Por eso, la formación pide siete años de cárcel por integración en organización criminal, tráfico de influencias y cohecho para 19 empresarios que supuestamente realizaron donaciones al PP, entre los que se encuentran los expresidentes de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero; FCC Construcción José Mayor Oreja; y el máximo responsable de OHL, Juan Miguel Villar Mir.

Esta misma pena se solicita para José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), Manuel Contreras Caro (Azvy), Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica), Juan Manuel Fernández Rubio (Aldesa), Antonio Vilela (Construcciones Rubau) y Pablo Crespo (supuesto número dos de la trama 'Gürtel').

También se reclaman otros siete años de cárcel para Rafael Palencia (Degremont Iberia), Cecilio Sánchez (FCC), Camilo José Alcalá (Cyopsa-Sisocia), José Antonio Romero (Grupo Romero Polo), José Luis Suárez (Construcciones Parraño), Vicente Cotino (Asedes), Joaquín Molpeceres (Licuas), Antonio Pinal (Bruesa), Ignacio Ugarteche (Urazca) y Ramón Aigé (Sorigue-Acsa).

 IU, al que acompañan en esta iniciativa legal Justicia y Sociedad, la Asociación Libre de Abogados (ALA), Coda-Ecologistas en Acción y Los Verdes, también solicita 13 años y siete meses para el ex gerente del PP Cristóbal Páez; ocho años para el arquitecto Gonzalo Urquijo, que dirigió los trabajos de reforma de la sede del PP; ocho años para su socia, Belén García; y siete años para la trabajadora de Unifica Laura Montero.